Por Nancy Pastor Álvarez
En México, el 42% de tierras están en zonas áridas y semiáridas. De acuerdo con la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA), el 18% de población nacional vive en estas zonas. En el estado de Puebla, 50 municipios se encuentran en dicha condición, de los cuales, la mayoría se encuentra en la Mixteca Baja.
El deterioro al medio ambiente que trae consigo cambios climáticos drásticos como: sequías, inundaciones, granizadas atípicas, torrenciales de agua, entre muchos otros, ha provocado en la -ya de por sí- baja producción de maíz, frijol, y otras hortalizas, una nula producción. Esta situación agravará la crisis alimentaria en las regiones semiáridas, trayendo más hambre entre las familias mixtecas. El problema se ha agravado con el paso de los años por la falta de acciones contundentes y precisas para ayudar a los pequeños productores de maíz, principal grano de consumo humano.
En la Mixteca los precios del maíz rebasan los 500 el bulto y el costo de la tortilla oscila entre los 20 y 25 pesos el kilogramo; los pequeños productores de la región ven un panorama desalentador ante la escasez de lluvias, aunado al incremento del precio de los insumos agrícolas y la falta de apoyo e inversión al campo por parte del actual gobierno federal en manos de Morena, a pesar de que el maíz es un alimento básico y del que dependen -principalmente- los campesinos para evitar pasar hambre, al igual que miles de familias en el país.
Pese a esta realidad cruda, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, puso en marcha el organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) en 2019, es decir, fusionó las empresas Diconsa y Linconsa, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), bajo la bandera de la supuesta autosuficiencia alimentaria en los cuatro granos básicos (maíz, trigo, arroz, frijol) y leche.
Sin embargo, se dieron a conocer actos de corrupción e irregularidades en el manejo de sus recursos, pese a la “lucha contra la corrupción” del morenismo. Entidades de gobierno involucradas en el hecho y la investigación interpusieron 69 denuncias ante la Fiscalía General de la República, contra 87 personas por un monto de 4 mil 900 millones de pesos.
Por parte de Segalmex, Diconsa y Liconsa se interpusieron 55 denuncias; la Procuraduría Fiscal, cuatro; la Unidad de Inteligencia Financiera, nueve; y una más por la Secretaría de la Función Pública. Los delitos son uso ilícito de atribuciones y facultades, defraudación fiscal, captación irregular de recursos, enriquecimiento ilícito, peculado, operaciones con recurso de procedencia ilícita y delincuencia organizada. De las personas denunciadas, 41 son ex servidores públicos y 46 dueños, socios, representantes, accionistas y abogados de empresas vinculadas a los hechos delictivos.
Como vemos, el verdadero problema de esta situación es la asequibilidad de los alimentos, no su disponibilidad. De acuerdo con el analista político, David Rieff, el problema de la crisis alimentaria será aún mayor para los años 2030 – 2050. Estaremos enfrentando una crisis tras otra, a pesar de los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales para erradicar el hambre.
Si hay alimentos ¿por qué la gente muere de hambre? Esto se debe a que la máxima ganancia siempre será la prioridad de los capitalistas que controlan las grandes empresas transnacionales, nacionales y locales, es decir, quien no tenga dinero para comprar sus productos -en este caso el maíz-, no podrá acceder a él. Ante esta situación cabe la pregunta ¿el sistema capitalista vigente será capaz de poder alimentar a toda la población mundial para el año 2050?
