Por Adrián Salazar
En noviembre de 2018, antes de tomar posesión como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador presentó su famoso “Plan Nacional de Paz y Seguridad”, mismo que se implementaría durante su sexenio con el objetivo de que “las familias de México recuperen la tranquilidad y confianza en las instituciones” y la prioridad “será garantizar la paz y mejorar la vida de cada uno de los mexicanos”.
Dicho documento señala que las autoridades constituidas adquieren el compromiso de garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de los individuos y para ello tienen facultades e instrumentos como leyes y reglamentos, organismos de procuración e impartición de justicia y el uso exclusivo de la fuerza pública, sin embargo, “cuando las instituciones son incapaces de utilizar adecuadamente tales potestades y herramientas y fallan en su responsabilidad de preservar la vida, la integridad y la propiedad de las personas y las poblaciones, entra en crisis su primera razón de ser, se debilita el acuerdo que articula las instituciones a la sociedad, se degrada la calidad de vida y se pone en peligro la existencia misma del Estado”.
Y haciendo referencia a la situación en que se encontraba el país a causa de los gobiernos que le precedieron al morenista, adelantaba que “recibirá una seguridad en ruinas y un país convertido en panteón. Los índices de violencia y las cifras de asesinatos ubican a nuestro país en niveles históricos de criminalidad y entre los países más inseguros del mundo.
Los altos niveles de violencia han generado costos enormes para la economía y la sociedad. Millones de personas han modificado sus patrones de vida para protegerse y muchos han debido emigrar de sus comunidades para salvaguardar su integridad”.
Ahora, en la recta final de su sexenio, el mismo López Obrador que se desgarraba las vestiduras ante la desbordada violencia en que se encontraba nuestro país, no sólo ha evidenciado su incapacidad para solucionar dicho problema, sino que, lejos de eso, se ha agravado a niveles realmente ofensivos para los mexicanos y eso que ya de por sí eran escalofriantes los datos.
Esta administración que llegó al poder bajo el eslogan “primero los pobres” tiene en su haber más muertes que los gobiernos previos de los “conservadores” del PRI y del PAN. En la administración de Vicente Fox se registró 60 mil 280 muertes dolosas; en la de Felipe Calderón y su declarada guerra contra el narcotráfico hubo 120 mil 463; en el gobierno de Peña Nieto se registraron oficialmente 156 mil 066 homicidios dolosos y, ahora, antes de concluir el gobierno bajo la dirección de AMLO y Morena, nuestro país ha superado ya el récord histórico de homicidios dolosos con 156 mil 136 hasta la tercera semana de mayo.
Ítem más. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el INEGI, el 2020 es el año con más homicidios dolosos registrados: 36 mil 773, le sigue el 2019 con 36 mil 661 homicidios y el año 2021 con 35 mil 700 homicidios, es decir, los tres años más violentos en la historia de nuestro país han sido en la administración de “la esperanza de México” que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Así pues, para la realidad que vivimos los mexicanos no hay “otros datos” que valgan. Se podrá decir mucho y justificar en abundancia, pero la realidad innegable es que la violencia ha superado por mucho a este gobierno que ha sido evidenciado como incapaz e inepto. Ni los abrazos ni los planes de paz fueron efectivos, más bien, solo forman parte del discurso vacuo y mentiroso de Morena que se ha dedicado únicamente a comprar conciencias y asegurar votos a través de programas de transferencias monetarias directas.
Todos los días vemos en las noticias gran cantidad de personas muertas a causa de la violencia que lacera gravemente a nuestra ya de por sí deteriorada sociedad, hace falta pues, que la clase trabajadora, a la que pertenecemos más de 80 millones de mexicanos nos demos cuenta de esta cruda realidad y nos organicemos de tal forma que podamos elegir a una nueva clase gobernante capaz de resolver este, y otros problemas más, de fondo.
Nuestro país requiere de cambios estructurales, entre muchos otros, en el ámbito económico, por ejemplo, garantizar empleo para la población económicamente activa y salarios bien remunerados que les permitan a las familias completas acceder a una calidad de vida adecuada donde puedan educarse, curarse, alimentarse y recrearse, bajo un proyecto diseñado adecuadamente y materialmente viable, podría ayudar a resolver muchos de los problemas que aquejan a los mexicanos. Para ello se requiere inteligencia y manos dispuestas, no discursos “campañeros” y llenos de mentiras.
