Por Homero Aguirre Enríquez
Transcurrido un mes desde que fueron asesinados en Guerrero dos destacados líderes sociales antorchistas, Conrado Hernández y Mercedes Martínez, y junto con ellos fue asesinado su único hijo, una criatura absolutamente inocente que no cumplía aún seis años de vida, no hay avances de las autoridades en su responsabilidad de encarcelar a los responsables materiales e intelectuales de esos crímenes bestiales.
La conducta poco efectiva de las autoridades responsables de perseguir y castigar a los delincuentes hace crecer el riesgo de que estos crímenes brutales e inusitados se sumen como un número más a la enorme lista de asesinatos sin resolver durante la 4T, lo cual es injusto e inadmisible y provocará crecientes protestas en demanda de justicia.
A pesar de nuestra insistencia en la Fiscalía General del Estado de Guerrero y en algunas áreas del Gobierno del Estado, no hay resultados que hablen de un despliegue enérgico de los recursos de investigación e inteligencia de los que debiera echarse mano para dar con los homicidas y tampoco se ha atendido nuestra solicitud de que una comisión de dirigentes de nuestra organización sea recibida por la gobernadora para pedirle su solidaridad y respaldo institucional como titular del Poder Ejecutivo de Guerrero para dar con los responsables de estos delitos que ofenden y hieren a millones de mexicanos.
Debe quedar claro que en ningún momento hemos solicitado que se nos informe sobre los métodos de investigación que están siguiendo los agentes ministeriales, en caso de que lo estén haciendo; tampoco hemos pedido que se nos compartan las hipotéticas acciones que tienen previstas para dar con los delincuentes, ni quiénes son los sospechosos o cualquier otra información que arriesgue o permita que se filtren los resultados de la investigación. No sabemos nada de eso ni hemos solicitado que se nos informe.
Simplemente pedimos justicia, que las autoridades correspondientes detengan a quienes privaron de la vida a nuestros compañeros y a su niño; que en su momento y de acuerdo a los procedimientos penales se diga cuál fue el móvil del crimen y se consigne a los responsables ante la autoridad competente para que les fije el castigo que la ley establezca. Si no se ha informado de tales resultados, ni tan siquiera se ha establecido un plazo aproximado para lograrlos o presentar avances, tanto los familiares como los compañeros de las víctimas estamos en nuestro derecho de denunciar la inacción de las autoridades y la impunidad de que gozan los homicidas.
Es verdad que la inseguridad campea en Guerrero. Leemos en un medio de comunicación: “Crece el número de homicidios dolosos en Guerrero. Comparado con el año pasado, en Acapulco aumentó un 4% y en Chilpancingo 30% […] De acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los municipios de Acapulco y Chilpancingo, se mantiene una tendencia a la alza en la incidencia de homicidios dolosos comparando las cifras del último año, con las del inmediatamente anterior […] A nivel general el estado de Guerrero se coloca en la posición número seis del listado de los estados más violentos del país, y su proyección general se mantiene a la alza en la cuantificación de homicidios (El Sol de Acapulco, 25 de marzo de 2023). Gravísima situación. Pero esas alarmantes y crecientes cifras de crímenes cometidos en el país y particularmente en Guerrero no deben ser una excusa para dejar sin investigación y sin castigo los asesinatos que aquí denunciamos, a los que tal vez se quiera meter en el túnel del olvido, sepultados los expedientes bajo el peso de otros crímenes que ocupen por turno los titulares de los medios.
Al contrario, ese número creciente de crímenes a lo largo y ancho del país viene a ser una especie de grito social para que la autoridad actúe con prontitud y eficacia cada vez que hay un nuevo homicidio. Algunos funcionarios hablan de que no hay que “normalizar” la violencia y que no debemos insensibilizarnos cada que alguien muere asesinado, pues eso abre la puerta a nuevos crímenes e injusticias. De acuerdo, pero la escalada criminal no se va detener con declaraciones sino con acciones efectivas de procuración de justicia y también con una enérgica política social que redistribuya la riqueza, acabe con la pobreza y combata así las raíces sociales de la delincuencia, algo por lo que Conrado y Mercedes luchaban desde que eran unos jovencitos y a la postre los llevó al liderazgo en la lucha social.
Los mexicanos no debemos tolerar que continúe escalando la violencia y la muerte porque eso es equivalente a la muerte social. Por eso, los antorchistas de todo el país nos vamos a movilizar para protestar porque se privó de la vida a tres personas inocentes y no se ha castigado a quienes los asesinaron. Sabemos que es una causa en la que no estamos solos porque los homicidios forman una enorme herida que se extiende sobre México.
Respetuosamente pedimos a todos los mexicanos su apoyo a nuestra exigencia de castigo para quienes asesinaron a Mercedes, a Conrado y a su niño, y nos unimos a todos los que han sido víctimas de la injusticia y la impunidad. Junto con ellos exigimos a quienes tienen obligación constitucional de perseguir a los delincuentes, que cumplan con su obligación y su deber. Exigimos justicia, nada más y nada menos.
