En los último 8 años, las muertes por linchamientos en el estado de Puebla se han vuelto un tema común entre los ciudadanos sumando un total de 74 víctimas en la entidad, es decir, un promedio de nueve personas linchadas al año.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación en la Plataforma Nacional de Transparencia, este tipo de castigos fue comenzado a implementarse en la entidad a partir del 2015, cuando dos hermanos encuestadores fueron confundidos por secuestradores en Ajalpan y asesinados por una turba.
Aquel 2015, José Abraham y Rey David Copado Molina levantaban una encuesta en el municipio, cuando fueron rodeados por la población y acusados de “robachicos”, fueron detenidos, pero un grupo de pobladores enardecidos los sacaron de los separos, los golpearon y prendieron fuego hasta calcinarlos, mientras grababan y reían.
Además de esas dos víctimas, la Segob reconoció que en total ese año se contabilizaron cinco muertes por linchamiento.
Al año siguiente se contabilizaron cuatro fallecimientos de personas linchadas, en 2017 aumentó a 10 casos, en 2018 fueron 22 víctimas, el año con más casos.
Para 2019 las víctimas fatales disminuyeron a 20, en 2020 durante la pandemia sólo fueron nueve víctimas.
A partir de 2021 los casos fueron a la baja con sólo dos casos, en 2022 se vio marcado nuevamente por el fallecimiento de una persona, el abogado Daniel Picazzo, la única víctima fatal de linchamiento, cuando fue confundido con robachicos en Huauchinango.
Este 2023 se vio marcado nuevamente por la muerte de Apolonio, un joven humilde que entró a un campo de cultivo y tomó dos brócolis en Santa Rita Tlahuapan, cuando un grupo de habitantes lo sorprendió, lo privó de su libertad, lo golpeó y lo quemó hasta que fue rescatado por la Policía Estatal, aunque no sobrevivió.
El investigador Tadeo Luna de la Ibero Puebla publicó el año pasado en el análisis “Linchamientos en Puebla, violencias extremas que conjugan violaciones de derechos humanos” que 67 por ciento de los linchamientos que han ocurrido en la entidad el principal detonante son los delitos contra el patrimonio en un 67 por ciento, es decir casos de robo a transeúnte, a comercio, a casa habitación o de vehículo.
El 15 por ciento de los casos son por delitos como la privación ilegal de la libertad, 11 por ciento contra la libertad sexual, 5 por ciento feminicidio y 2 por ciento “varios.”
El 75 por ciento de los casos la convocatoria para linchar a una persona se da de “boca en boca”, el 15 por ciento por medio del repique de las campanas, 6 por ciento a través de tecnologías digitales y 3 por ciento un silbato.