El jefe de la Oficina del primer ministro de Hungría, Gergely Gulyas, informó que el Gobierno de Hungría califica de “lamentable” la resolución de la Corte Penal Internacional (CPI), al emitir una orden de arresto contra el presidente de Rusia Vladímir Putin por supuestos crímenes de guerra a causa de que deportó a Rusia a niños abandonados o huérfanos de Ucrania.
Argumenta el funcionario que la medida tomada por la CPI no aporta a la solución del conflicto en Ucrania; agregando que, si bien Hungría forma parte del Estatuto de Roma, ni EE. UU. ni Rusia reconocen la jurisdicción de la CPI por no ser parte de ese Estatuto.
En respuesta, el Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal contra el fiscal del organismo internacional, Karim Ahmad Khan y los jueces Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y Sergio Gerardo Ugalde Godínez citando su responsabilidad por omisión ante los crímenes de guerra cometidos en Ucrania contra la población del Donbass.
El Estatuto de Roma se constituyó el 17 de julio de 1998, quedando integrado por 123 países, que dispusieron la creación de una Corte Penal Internacional permanente para juzgar a quienes cometan crímenes de guerra, entre otros delitos y cuya jurisdicción sólo abarca a los países firmantes.
