“¡No a la verificación!” exigen miles de manifestantes, ya que la medida obligaría a más de un millón de propietarios de vehículos a pagar 628 pesos de verificación, o el doble; en una sola “vuelta” el gobierno poblano captaría más de 680 mdp.
El pasado dos de enero comenzaron en Puebla los operativos para detener a los vehículos automotores que han incumplido la verificación de sus emisiones, lo que provocó que gran cantidad de propietarios se manifestaran en las calles al grito de “¡No a la verificación!”.
La medida fue anunciada el 17 de octubre, cuando el Periódico Oficial del Estado de Puebla publicó el contenido del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022, suscrito por la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSYOT).
En este documento oficial se informó a los ciudadanos que “los vehículos automotores destinados al servicio público de transporte (incluidos taxis), y aquellos que brindan el servicio ejecutivo mediante plataformas tecnológicas” serían sometidos obligatoriamente a la verificación de sus emisiones contaminantes y que el trámite costaría 628 pesos.
Al inicio de este año, Elsa María Bracamonte González, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) estatal, anunció que, de las 36 mil unidades de transporte público registradas, apenas el 10 por ciento había cumplido esta medida.
Ante esta cifra, el gobierno estatal amplió a seis meses el plazo para la verificación obligatoria de las unidades incumplidas de los municipios de Puebla, San Martín Texmelucan, Atlixco, Huejotzingo, San Andrés Cholula y Tehuacán; y advirtió que, de no hacerlo, serían sancionadas.
Las multas, de acuerdo con el mismo decreto, abarcan el pago de 20 a 30 Unidades de Medidas y Actualización (UMAS); es decir, de mil 792 a dos mil 688 pesos. Los operativos contra los automotores incumplidos están a cargo de un grupo de 56 policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) denominado Seguridad y Proximidad de Caminos (SPC).
Los operativos, cuyo costo unitario es también de 628 pesos, deben realizarse conforme a un calendario definido por el engomado y la terminación de la placa, y terminarán en junio. El incumplimiento de la verificación puede implicar el pago de multas que van de 15 mil a 30 mil pesos para los usuarios de automóviles.
La verificación vehicular consiste en la aplicación del sistema OBD2, con el que se miden las emisiones contaminantes del combustible quemado y vertido al medio ambiente, y el análisis del aceite, las bujías, filtro de aceite y el sistema de inyección.
“Hasta porque tu llanta esté chipotuda te regresan, no se ponen a pensar que muchas cosas del vehículo, como las llantas, tienen que ver con lo mal que están las calles en Puebla. Uno se gasta miles arreglando el carro”, denunció Ángel Morales, habitante de Puebla- capital, cuyo vehículo reprobó la verificación.
Los usuarios, además, no deben tener adeudos por fotomultas u otras infracciones y estar al corriente en el pago de su tenencia; y los automotores deben contar con las placas que expidió el gobierno del fallecido mandatario Miguel Barbosa Huerta, cuyas placas son de color guinda, ya que dentro de poco las azules no serán válidas para transitar. Este trámite, que depende del tipo de vehículo, cuesta entre mil 105 y mil 300 pesos.
Un usuario, dueño de un automóvil Vento, modelo 2017, de la marca alemana Volkswagen, ha gastado 14 mil 650 pesos solo en ponerlo al corriente para que pase la verificación, además de los 628 pesos que cuesta el trámite.
Su propietario espera que su vehículo pase “a la primera” para no gastar más, como le ocurrió antes de la pandemia, cuando “por llevar el carro con llantas algo gastadas me la estaban haciendo cansada. Además, me han dicho que, en algunos casos, se han puesto especiales. Por eso lo estoy arreglando para evitar más gastos, porque solo tienes dos chances con el pago de la verificación; si no, pagas otra vez”, lamentó.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que, en 2021, las unidades automotrices con mayor presencia en Puebla eran los vehículos particulares con 792 mil 996, seguidos por los camiones y camionetas de carga, con 281 mil 214, los autobuses de pasajeros, nueve mil 348 y las motocicletas 125 mil 790.
O sea que, en Puebla, hay casi un millón cien mil vehículos que deberán pagar 628 pesos de verificación, o hasta el doble; y que, en una sola “vuelta”, el gobierno capte más de 680 millones de pesos (mdp). Cuando la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) anunció la aplicación de este trámite declaró que estimaba recaudar 500 mdp.
No es programa ambiental
Aunque las autoridades gubernamentales aseguran que la verificación vehicular es “una medida para cuidar el medio ambiente y la salud de los poblanos, no recaudatoria”, pero para los ciudadanos que participaron en la marcha antiverificación, es un conjunto de “impuestos disfrazados”.
Desde el inicio de este año, en Puebla se han realizado siete marchas contra esta medida; y en la del jueves 23 de enero se juntaron más usuarios de automotores. Esta manifestación fue organizada por el Movimiento Antorchista y a ella se unieron varias agrupaciones de transportistas con la misma demanda.
Además de protestar contra los altos costos de la verificación, la marcha puso a discusión qué es lo que realmente se busca con esta medida, y hacer un balance sobre cuáles son las entidades físicas que contaminan más porque, por ejemplo, los automotores no lo hacen en la misma escala que las grandes fábricas.
Hace dos años, en el estado de Puebla, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), había 18 industrias con emisiones contaminantes muy altas, como es el caso de las metalúrgicas, automotrices, químicas y de producción de pinturas y materiales de construcción.
Por ejemplo, la empresa Herramientas Stanley, mejor conocida como Stanley Black & Decker y ubicada a las afueras de la capital poblana, reportó una emisión anual de 304 millones 506 mil 504 kilos de dióxido de carbono (CO2). Otra empresa, Metaloides S. A. de C.V., que se localiza al lado de la Stanley, emitió 36 millones 319 mil 640 kilos de CO2.
El líder del Movimiento Antorchista en Puebla, Juan Manuel Celis Aguirre, reveló a buzos que “las verdaderas contaminadoras de nuestro país, y en los estados, son las grandes fábricas. A ellas deberían ponerles un freno a su producción o cobrarles impuestos grandes que realmente ayuden a corregir el daño que ellos sí le causan al medio ambiente”.
De igual manera, la Unión de Transportistas del Estado de Puebla (UTEP), a través de un comunicado, afirmó que “el 95 por ciento de los vehículos de transporte público en Puebla utilizan gas LP o natural, lo que representa 39 por ciento a 52 por ciento menos contaminantes de los que emiten los vehículos de gasolina, según el Instituto Mexicano del Petróleo. Nuestros vehículos transportan de 200 a 500 pasajeros diarios, mientras que en el 82 por ciento de los vehículos particulares solo viaja una persona, por lo cual, no solo en emisiones, sino en porcentaje de ocupantes, contaminamos menos”.
En una rueda de prensa, realizada antes de la marcha de enero, los líderes transportistas advirtieron que la difícil situación económica no está para que los poblanos paguen un nuevo impuesto como el de la verificación vehicular. “Si la verificación fuera gratuita, nadie se opondría, pero este hecho daña los bolsillos de los poblanos”.
Los transportistas afirmaron que no están en contra del cuidado del medio ambiente, pero aseguraron que hay otro tipo de políticas que son mejores para salvaguardar al planeta, como frenar a las grandes industrias que, con la producción de mercancías, contaminan mucho más que los vehículos de los ciudadanos.
Por ello, entre sus peticiones destacan las propuestas de que se verifique obligatoriamente, pero que el trámite sea gratuito; que se reestablezca la cantidad de años de vida útil de los transportes; que disminuyan los costos para la revalidación de licencias, permisos, concesiones, emplacamiento y demás trámites referentes a las unidades del transporte; que analicen los trámites de regulación de los taxis; y, finalmente, que se entregue el subsidio que el exgobernador Barbosa Huerta estableció para los transportistas.
Los pobres, los más golpeados
“Ocupo mi carro para vender verduras por las calles; incluso también vendo paletas a veces. Es mi medio de sustento económico, no puedo pagar por una verificación tan cara porque no podré sustentar a mi familia; no me alcanza el dinero”, lamentó Felipe de Jesús Rangel Peña, quien acudió a la marcha contra la verificación porque este requisito afecta gravemente su economía y porque si no la paga a tiempo, le ocasionará multas que tampoco podrá solventar.
Rangel Peña contó a buzos que su yerno es microbusero, y que también le afecta mucho la verificación: “Si no trabaja por las sanciones que ponen, se le complica la situación. El gobierno debería proveer de trabajo a los ciudadanos; y si no lo hace, nosotros buscamos cómo; pero hasta en eso nos perjudican. Por eso vine a la marcha, ya no puedo pagar más impuestos”, denunció.
En igual situación se halla Ángel Morales, quien ha estado en todas las marchas antiverificación; aseveró que es falso que sea un tema “de una organización, de un grupo” y advirtió que son miles los ciudadanos que se encuentran inconformes por esta medida.
“Esta lucha es para todos; hemos estado buscando el diálogo, por eso nos unimos a las marchas, porque no estamos a favor del negocio de la verificación, porque es un negocio que les deja millones de pesos en ganancias”.
Solo en la capital poblana hay 500 mil personas en situación de pobreza y zonas como La Resurrección, Espejo, San Miguel Canoa, entre otras zonas, han sido catalogadas con un alto índice de marginalidad. En esas poblaciones, los vecinos viven en casas con techo de lámina, en sus patios hay carros viejos que no pasarían la verificación; y para ellos comer dignamente es un reto.
Miles de poblanos marcharon por la plaza central de Puebla-capital para manifestar su desacuerdo con una medida que los obliga a pagar un dinero que no tienen. A pesar de las protestas, las autoridades han advertido que no retrocederán en la aplicación de la medida y amenazaron con más multas a los ciudadanos que insistan en no verificar.
