Martín Antonio Escamilla Meza
Para muchos poblamos la verificación vehicular que se fraguó en el gobierno de Miguel Barbosa Huerta y sus otrora operadores y consejeros políticos, no es en verdad una medida que vaya a cambiar radicalmente la contaminación del aire en Puebla sino un acto más de recaudación fiscal regresiva para hacerse de recursos a costa de una población que no termina de recuperarse de su tragedia económica como consecuencia de una mala política económica federal, agudizada por la pandemia.
Hay quienes consideran que contaminan más las grandes empresas que el parque vehicular. En El Sol de Puebla del pasado 17 de octubre se publicaron declaraciones de expertos en la contaminación ambiental de las grandes industrias. Ahí se expuso que: “Las industrias que más contaminan el aire en Puebla son también las que generan los mayores ingresos para la economía local. Esas industrias son la automotriz, energética, química, metalúrgica y alimentaria. Las 73 principales compañías dedicadas a estas actividades productivas expelen, de forma anual, 117 millones 098 mil toneladas de gases nocivos para la salud y el balance ecosistémico”.
En esa publicación se sostiene que la situación empeora cada año dado que la gran mayoría de fábricas se encuentra en la zona metropolitana de la capital poblana, donde vive el 36 por ciento de la población del estado, es decir, 2 millones 391 mil 309 personas y que la gente con una exposición crónica a ciertos contaminantes está más propensa a padecer enfermedades graves y hasta letales, esto sin contar las afectaciones a la flora y fauna que componen el entorno del territorio.
“La preservación ambiental, abundaron los expertos, no debe contraponerse a la prosperidad económica. Lejos de “crear” más leyes, señala que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben vigilar los estatutos vigentes en la materia y robustecer las sanciones a quienes los infrinjan, pues advierte que la inacción terminará por agudizar el desbalance ecosistémico que ya está cobrando vidas y lastima permanentemente el ambiente”.
El cobro de la verificación vehicular ha sido impuesto a la ciudadanía como parte de una política fiscal regresiva, adornada de combate a la contaminación ambiental, afectando a miles de ciudadanos y trabajadores humildes que ni siquiera han podido pagar tenencias, multas, cambio de placas ni ahora la verificación vehicular que exige que el vehículo esté en excelentes condiciones para que no contamine, lo cual representa un gran esfuerzo económico para quienes poseen vehículos de modelos atrasados y que son una buena parte de la población.
Sin embargo, a las grandes empresas contaminantes, incluidas empresas del gobierno como la CFE, no las tocan casi en absoluto. Ningún ciudadano racional podría oponerse a mejorar el medio ambiente, por ello se debería exigir a las grandes empresas que modernicen sus medios de trabajo, sus máquinas y herramientas, que consuman materias primas y energías limpias y que aporte más impuestos dependiendo del nivel de sus grandes ganancias (que obtienen a base del trabajo no pagado a los trabajadores), para mejorar el medio ambiente, entre otras cosas.
Aquí, como en muchos países del mundo, deberían cobrar más impuestos a los grandes multimillonarios y menos a los trabajadores y pobres en general, generadores de la riqueza social; o de plano, si la situación económica del ciudadano es tan precaria, no cobrarle impuestos, como en esta ocasión en que miles de poblanos empiezan a levantar la voz para exigir una verificación vehicular gratuita, como en la marcha de más de 5 mil ciudadanos organizada recientemente en contra del cobro arbitrario de la verificación vehicular.
Pero, como ha ocurrido en muchas otras ocasiones, la solución depende de la lucha tenaz del pueblo organizado y depende también de gobernantes sensibles e inteligentes que se solidaricen con el pueblo trabajador. Ojalá que así sea para el bien de Puebla.
