Para exigir un alto al programa de “Verificación Vehicular”, impuesto por el gobierno del estado de Puebla, desde la administración de Miguel Barbosa Huerta, más de dos mil personas se manifestaron por las principales calles del Centro Histórico.
Ciudadanos, transportistas y un grupo nutrido perteneciente al Movimiento Antorchista, caminaron desde el Paseo Bravo hacia Casa Aguayo para pedirle al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, la cancelación del “pase turístico”, una verificación gratuita y un alto a las empresas contaminantes.
De acuerdo con Lluvia Sánchez, dirigente del Movimiento Antorchista al sur de ciudad, dicho programa se trata de un impuesto obligatorio, disfrazado con el tema del medio ambiente sin argumentos válidos.
“Nosotros no estamos en contra de la verificación, lo único que estamos pidiendo es que la verificación sea de manera gratuita, que no se disfrace con el asunto del medio ambiente,estamos de acuerdo, pero, hay problemas más severos como la quema de pastizales en el sur de la ciudad, todos los días estamos respirando humo y ahí no se hace nada”.
Por otra parte, Ángel Morales Rodríguez, ciudadano que quiso sumarse a esta manifestación, mencionó que Puebla debería ser libre sin tener que pedir un pase turístico a todos aquellos estados que aportan económicamente al estado de Puebla. “Son pretextos para robar”, indicó Morales Rodríguez.
Dentro del mismo contingente, también se sumaron comerciantes de distintos puntos de la ciudad, quien denunciaron que los verificentros son solo un “Plan con maña”, por parte del gobierno estatal, pues varios de ellos ya llevaron sus vehículos a verificar y simplemente tuvieron un “no pasa” de respuesta sin indicar el porqué.
“Que el gobierno entienda que no hay dinero […] el gobierno en lugar de verificar está cobrando más dinero para que se regularicen, eso es un plan con maña que está haciendo el gobierno, en realidad es dinero, empezando con los operativos”, denunció Francisco Machorro.
Por lo anterior, el Secretario de Gobernación estatal, Julio Miguel Huerta Gómez expresó que dicha manifestación se trata de un asunto político, por lo que reiteró que el programa no se «echará para atrás».
«Es lamentable que las organizaciones se dicen ser perseguidas cuando no se les ha hecho ninguna otra cosa más que llamarlos a que cumplan con la ley, eso es lo único que se les pide (…) Por supuesto, es político el asunto», manifestó Huerta Gómez.
