Aquiles Montaño Brito
Por alusiones personales, aunque con motivos políticos, comienzo esta réplica a varios artículos que han visto la luz, desafortunadamente, en las últimas horas. Pero antes quiero aclarar por qué se ataca nuestra posición en torno a la verificación vehicular que el gobernador y buena parte del Congreso del Estado anuncian como la gran medida ecológica para reducir las partículas contaminantes de aire que respiramos consuetudinariamente en la Ciudad de Puebla.
El proceso de verificación vehicular, propuesto desde el año pasado por el exgobernador Miguel Barbosa, ha tenido en estos días una rehabilitación por parte de los representantes estatales. Dicho proceso trata, en general, de “regularizar” todas las unidades móviles, públicas o privadas, lo que implica, hablando claramente, que se pague, en dinero contante y sonante, todos los aspectos irregulares que tienen dichas unidades.
Nuestra propuesta ha sido clara. La medida busca, aparentemente, reducir la cantidad –y el impacto- de las partículas contaminantes en el aire que respiramos. ¿Cuál es nuestra objeción? En primer lugar, después de varias reuniones con transportistas afiliados en nuestra organización, hemos conocido los onerosos gravámenes que las autoridades imponen sin ningún miramiento a los transportistas, incluidos a los más pobres y a los que viven de su trabajo en ese sector. Nosotros, junto a la gran mayoría de los transportistas, consideramos que en las actuales circunstancias y en este preciso momento, un nuevo impuesto resultará muy lesivo para los bolsillos de la clase trabajadora, pues la medida de la verificación vehicular es especialmente abusiva para los propietarios de coches más antiguos, es decir, para los que menos tienen.
Así lo hemos sostenido en varias ruedas de prensa. Una y otra vez. Lo hemos dicho alto y claro. No hay motivo oculto ni intereses inconfesables detrás de nuestra propuesta. Hemos sido lo suficientemente claros, lo más transparentes que pudimos ser. Pero desde luego, nuestra inconformidad y nuestro llamado a la movilización popular ha provocado una andanada de ataquillos por parte de los aduladores del gobierno. Tendremos por fuerza, bajo nuestro derecho de réplica y nuestro droit de parole, que responder a tres periodistas que se han caracterizado por la zalamería y el compadrazgo con las élites gobernantes de nuestro estado.
En primer lugar, quisiera referirme al libelo de Enrique Núñez, titulado “Los antorchos y su oportunismo de siempre”, que tuvo el dudoso honor de ser publicado por el dudoso Intolerancia. Tan solo el título nos habla de la calidad de su contenido: 6 párrafos de entre tres y cuatro líneas y un total de 210 palabras. Es una opinión de esas que nos tienen acostumbrados los opinólogos de esa calaña. Con un ataque gratuito a Antorcha Campesina y una posición aduladora del gobierno, este texto sirve como botón de muestra de que los ataques y las difamaciones no son solo gratuitas, sino que, con los contactos necesarios, sirven para esparcir la desinformación. Los medios de comunicación se transforman entonces en los medios de difusión de las mentiras. Tengámoslo claro: la propiedad privada de los medios de comunicación hace que la verdad sea la voluntad y los intereses de los dueños de la imprenta.
En segundo lugar, un señor llamado Carlos Gómez, en un panfleto llamado Contrastes, publica “Antorcha Campesina le tenía miedo a Barbosa, ¿por qué ahora reta a Sergio Salomón?”. Gómez, en calidad de viuda de Barbosa, lanza contra el gobernador un reto peligroso: Barbosa hubiera reprimido a los antorchistas, ¿no lo vas a hacer tú? ¿Vas a dejar que se manifiesten pacíficamente los antorchistas cuando bien puedes reprimirlos? Eres un cobarde que no merece sentarse en la silla de nuestro bienamado Barbosa.
En esta esperpéntica y obscena invocación del espíritu del exgobernador, Carlos concluye: “Sergio Salomón Céspedes tiene la solución en la mano, debe retomar la mano dura que usaba Barbosa contra Antorcha Campesina”. Ay, Carlos, ¡qué bien vivías con Barbosa! El artículo únicamente dice: reprime, reprime, reprime. Nada, pero nada, hace referencia al problema de la verificación vehicular.
En tercer lugar, un señor al que le ha parecido bien, incluso digno, trabajar como periodista y escribir su columna bajo el pseudónimo de Machetitos, con la misma ansia de represión y de castigo, invoca al espíritu de Barbosa para presionar al gobernador para que se use mano dura contra Antorcha Campesina. Estas personas, que no tienen ningún empacho en llamarse demócratas a sí mismas, rezuman un ansia de sangre cuando los que ejercen su libertad de expresión y asociación son miembros de Antorcha Campesina. Machetitos (sic) no solo amenaza al gobernador para que actúe con mano firme. Amenaza a Antorcha Campesina como organización. Con la vieja cantaleta de que nuestra organización es un grupo de presión, una mafia en el transporte y un cártel; nuestro autor concluye, con tono de espantaviejas: “En la Fiscalía General del Estado de Puebla y la Fiscalía de la República yacen nutridas carpetas de investigación en contra del cártel Antorchista, con todos sus movimientos financieros y delitos cometidos. Ahí están, listos para activarse en cualquier momento”. Responderemos brevemente, machetitos. No tenemos nada que esconder. No le tuvimos miedo a Barbosa ni tampoco a las mentiras fabricadas en el Gobierno federal para atacar la estructura financiera de Antorcha; no estamos temerosos, agazapados ni escondidos. Antorcha está viva, fuerte, nutrida y creciendo. La prueba de la verdad se verá en las movilizaciones. Porque sí, habrá movilizaciones. Para disgusto de nuestros articulistas (a quienes invitamos cordialmente), los antorchistas y los transportistas adheridos a la causa marcharemos contra la verificación vehicular.
No a la verificación vehicular; al menos no en estas condiciones. Está claro que la salud ambiental nos preocupa a todos, pero ya basta. Hasta cuándo van a seguir responsabilizando por el deterioro medioambiental de la ciudad, el país y el mundo, a las clases populares. Nos acusan de ser responsables del deterioro ambiental pero jamás se atreven a tocar los intereses de los grandes capitalistas, responsables, ellos sí, en mayor medida, del deterioro ambiental. Si el gobernador quisiera realmente tratar la cuestión desde un punto de vista ecológico, no es a los transportistas menos privilegiados a quienes tendría que señalar.
Pero el gobernador no solo se limita a imponer la verificación vehicular como todo un buen samaritano con la conciencia tranquila velando por el cuidado de las partículas que se respiran (aunque ignorando la pesada carga que significa para los transportistas individuales).
En todo caso, acá lanzamos una contrapropuesta a las medidas ecológicas del gobernador: hágase la verificación vehicular gratuita al transporte público y a los poseedores de vehículos con menor ingreso. Si la medida no busca recaudar más impuestos de las costillas de los más pobres, sea. Hagámoslo así. Que sea un servicio público, ¿y si falta dinero?, ¿qué tal si empezamos a cobrar un impuesto especial a las grandes fábricas de automóviles en las que se produce una gran cantidad de contaminantes para los habitantes de la capital? Es cuestión de voluntad política gobernador.
Finalmente. En los tres artículos se ha descubierto el agua tibia. Los tres tristes tigres repiten que la verdadera motivación de nuestra movilización es provocar al gobernador y retarlo a un pulso personal, a un concurso de hombría de “a ver quién aguanta más”. Nada de eso. No nos importa. Queremos abrir un diálogo plural. Nosotros lo escuchamos, oímos su postura, pero también es necesario que el gobernador nos oiga. De nuevo: Gobernador, es cuestión de voluntad política.
