Las buenas noticias disparadas desde Palacio Nacional, que pintan a un México próspero y “feliz”, parecen no corresponderse con las estadísticas del INEGI.
Jorge Alberto González Quiroz
Las buenas noticias disparadas diariamente desde Palacio Nacional, que pintan a un México próspero y una población “feliz, feliz, feliz”, parecen no corresponderse con las estadísticas recientemente publicadas por el Inegi, en particular con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2022. Doy algunos datos al respecto.
La Envipe 2022 estima que en 2021 ocurrieron en México 28.1 millones de delitos a 22.1 millones de víctimas (24.2 por ciento de la población mayor de 18 años). Esto representa un incremento de 2.92 por ciento en las víctimas (más de un millón de víctimas adicionales) y un 1.25 por ciento en delitos respecto al año anterior.
Por cada delito sexual en contra de los hombres se estiman 10 en contra de las mujeres. Estos delitos le ocurrieron al 3.9 por ciento de las mujeres mayores de 18 años. Esto representa un incremento respecto al 3.14 por ciento del año anterior.
En el 93.2 por ciento de los delitos no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación (cifra negra u oculta).
En 2021, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 278 mil 900 millones de pesos, es decir, 1.55 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
¿Cómo se obtienen estos datos y qué papel juega la estadística en ello?
Los organismos de estadística en el mundo y en particular el Inegi suelen obtener información estadística de tres fuentes fundamentales: los censos, las encuestas y los registros administrativos. Los censos arrojan información muy detallada, pues se entrevista a la totalidad de la población de interés; sin embargo, suelen ser costosos, complejos y tardados. Las encuestas tienen la característica de que solo recopilan información de una parte de la población (muestra), y a partir de ahí se generalizan para la población completa. Los registros administrativos aprovechan la información proveniente de oficinas públicas.
Para la Envipe 2022, el Inegi recopiló la información (que es de carácter nacional) entrevistando a la población de 18 años y más (unidad de observación) en 102 mil 93 viviendas elegidas de manera aleatoria (tamaño de la muestra).
Ahora bien, ¿cómo ocurre ese “salto generalizador”, que es la característica esencial de la rama de las matemáticas conocida como estadística inferencial? ¿Cómo pueden extenderse los resultados a todos los mayores de edad del país si solo se visitaron poco más de 102 mil viviendas?
Los resultados pueden generalizarse porque el muestreo que se realiza es probabilístico. Éste difiere del no probabilístico en que la muestra se elige de manera aleatoria. La selección de las viviendas (y de los informantes) se lleva a cabo mediante un proceso de tres etapas: los estados se subdividen y de dichas partes (llamadas estratos) se eligen aleatoriamente algunas unidades menores (conglomerados o Unidades Primarias de Muestreo). De los conglomerados, a su vez, se seleccionan aleatoriamente las viviendas y, finalmente, a los informantes.
Además de visitarse las viviendas, debe calcularse a cuántos mexicanos u hogares “representa” la información arrojada por cada entrevistado (por qué número deben multiplicarse esos datos para que la información pueda generalizarse a todo el país). A este número se le denomina factor de expansión o ponderador. Cuanto más grande sea la probabilidad de que un informante resulte seleccionado en la muestra menor será el factor de expansión.
La estadística inferencial no solo nos permite estimar parámetros de la población de interés (promedios, tasas, totales) a partir de los datos de una muestra, sino también conocer la confiabilidad estadística y la precisión de dichas estimaciones.
Sin embargo, no perdamos el piso y no le pidamos a la estadística (ni a ninguna ciencia particular) lo que no pueden darnos; el papel que juegan opera en la esfera de la información, del diagnóstico, no pueden sustituir la acción de las políticas económicas y sociales que debiera tomar el Estado ni, mucho menos, la labor revolucionaria de las masas organizadas y conscientes, autoras de los cambios profundos en la historia.
