Raymundo Riva Palacio, columnista de El Financiero publicó esta semana en su columna Estrictamete Personal, algunos datos relevantes sobre la marcha oficial convocada por
Andrés Manuel López Obrador a realizarse el próximo domingo.
En primer lugar señala que la movilización pretende seguir dando la apariencia de que lo respalda un movimiento popular; aunque en realidad “será una movilización corporativa y clientelar” que pretende dar respuesta a la marcha ciudadana del 13 de noviembre en defensa del INE.
“El Presidente se reunió con su jefe de propaganda, Jesús Ramírez Cuevas, y el coordinador de asesores, Lázaro Cárdenas Batel, donde manifestaba, dijeron funcionarios que conocen del encuentro, su desesperación al no encontrar salidas a los problemas que lo están desgastando aceleradamente, y que se están volviendo más difíciles de resolver. La Presidencia lo rebasó; los problemas, también. La marcha ciudadana lo desesperó, y en las reuniones que sostuvo se quejó de que lo dejen solo para defender sus proyectos y decisiones”.
El acuerdo de esa reunión fue responder a la marcha ciudadana con otra movilización. “Ramírez Cuevas y Cárdenas propusieron que fuera cuatro veces más grande que la de los ciudadanos, y que se buscara movilizar a muchas personas de perfil socioeconómico similar al de la marcha ciudadana, para contrarrestar la idea de que López Obrador perdió a las clases medias”.
Después del acuerdo se dispusieron a movilizar la estructura gubernamental para preprar la marcha, “salvo a la Secretaría del Bienestar, a la que responsabilizaron de movilizar a los adultos mayores, a los jóvenes de Construyendo el Futuro y a todos aquellos beneficiarios de programas sociales. Al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le encargaron que pidiera a los gobernadores de Morena y a los líderes del partido donde son oposición, cuotas de participación para la marcha del próximo domingo, y que también realicen movilizaciones ese mismo día para poder vestir el día como un gran acto popular nacional”.
“Se pidió a los gobernadores y funcionarios que fueran discretos, para evitar filtraciones sobre el uso de dinero público para la movilización. Sin embargo, las cosas no salieron como se había pedido, porque se han dado resistencias a una movilización forzada y bajo amenazas de perder empleos o programas sociales, que están siendo respondidas con filtraciones a la prensa de las acciones para el acarreo”.
