Durante la administración de Gilberto Higuera Bernal al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE), la dependencia ha acumulado más de 3 mil denuncias por abusos y tortura; en temas de infraestructura no cuenta con modernización en sus instalaciones y ha incumplido su meta de mejorar la atención a víctimas.
Lo anterior desmiente lo dicho por el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, el pasado 25 de octubre en su rutinaria rueda de prensa, cuando afirmó y defendió a la Fiscalía de la siguiente manera: “Puebla tiene la fiscalía más eficiente del país. Todos los delitos que aquí se comenten, se investigan y la mayoría se esclarecen y se sancionan”.
Para muchos, el morenista quiere cubrir la ola de inseguridad y la descomposición social que se vive hoy en día en la entidad poblana, pues, durante la misma transmisión y en diversas ocasiones, el mandatario ha desacreditado las cifras de diferentes encuestas publicadas por organizaciones en las que se evidencian las altas cifras de diferentes delitos.
Las mediciones revelaron que entre marzo y abril de este año la FGE de Puebla fue la tercera de 10 autoridades que la gente calificó con “mucha desconfianza”, con poco más del 18 por ciento de las opiniones.
De acuerdo con la Unidad de Transparencia de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, en una solicitud de acceso a la información pública, entre el 12 de septiembre del 2018 y junio de este año se iniciaron 3 mil quejas que señalan abusos de la fiscalía estatal, de las cuales, ya se cerraron 2 mil expedientes, cuya principal causa fue falta de seguimiento del denunciante o por falta de materia.
Entre las quejas que se iniciaron en contra de la autoridad investigadora resaltaron 50 denuncias de tortura por parte de elementos de la fiscalía, de los cuales 33 permanecieron sin respuesta y las otras 18 se cerraron, en su mayoría, por desistimientos de los denunciantes, mientras que solo dos casos se resolvieron en medio del trámite y otros dos se convirtieron en recomendaciones.
