De acuerdo con información publicada en Milenio, comerciantes y empresarios de 13 estados del país han denunciado ser extorsionados por organizaciones criminales, mismas que los contactan por llamada telefónica para cobrar derecho de piso, aseguran que no importa el giro del negocio, todos deben pagar un costo.
José es dueño de un bar en Coatzacoalcos, Veracruz, y hace más de ocho años recibió un mensaje a su celular: “Somos del CJNG y tenemos la indicación de ponernos de acuerdo contigo para que pagues piso”. Acto seguido, los delincuentes se presentaron al establecimiento. Después de tomarse unas cervezas, se fueron con la promesa de un asustado José, quien les pagaría entre cinco y diez mil pesos al mes. “Quisimos denunciar, pero vimos que quemaban los negocios y no nos arriesgamos”.
Al igual que José, comerciantes y empresarios de 13 estados acusan que son extorsionados por las organizaciones criminales: los pagos van desde los 50 pesos semanales hasta los 250 mil por mes. No importa que la víctima venda dulces o maneje un taxi, que tenga una tortillería o administre un restaurante, que trabaje en un taller mecánico o que sea el dueño de un hotel, que sea el propietario de un deshuesadero o de un bar.
El alarmante delito de la extorsión ha sido reconocido por la Confederación de Cámaras Industriales, la cual detectó a Guerrero, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas como entidades donde la delincuencia controla incluso los precios y el abasto de los alimentos.
“En Coatzacoalcos controlan el alcohol y la droga”, dice José y cuenta que hace unas semanas llegaron a ofrecerle que dejara de pagar la cuota a cambio de que vendiera droga. “Pero me negué y me siguen cobrando”. Seis de sus conocidos, en cambio, aceptaron el nuevo giro comercial. Los propietarios del Club Barrillas no accedieron ni a una ni a otra y, horas antes de la inauguración, les fueron a balear el lugar.
Lo mismo ha sucedido en Minatitlán y Nanchital, donde han atacado a hospitales, negocios de comida y talleres mecánicos. “Ahora se llaman Nuevo Veracruz, pero son los mismos del CJNG”, cuenta José. El alcalde Amado Cruz no niega exista el delito, pero tampoco ha recibido ninguna denuncia.
Donde tampoco se cuentan con denuncias es en Baja California Sur, pese a que, en enero pasado, el obispo de la Diócesis de La Paz, Miguel Ángel Alba, denunció que la extorsión es el delito más común en los cinco municipios.
Odilia, dueña de una tienda abarrotera, fue amenazada por varios hombres que le ordenaron cerrar más temprano. “No es posible denunciar, va de por medio la familia, por eso nos callamos”, se queja.
Casos similares se reportan en Oaxaca, donde la fiscalía local cuenta con 74 denuncias por cobro de derecho de piso a empresarios, locatarios de mercados públicos y hasta propietarios de escuelas privadas. Los municipios más perjudicados son: Oaxaca de Juárez, Villa de Etla, Zimatlán de Álvarez, Ocotlán de Morelos, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec y Salina Cruz.
En Chihuahua, la fiscalía ha iniciado poco más de 300 carpetas de investigación. Entre los negocios más afectados están los yonques o deshuesaderos de autos y el de la compra y venta de metales. “Diario recibimos llamadas de extorsión”, se queja Héctor Lozoya, dirigente de la Unión de Yonqueros de Ciudad Juárez. “Hay algunos que sí han depositado porque les gana el temor”.
Rogelio Ramos, presidente local de la Canaco, cuenta que los giros agrícolas, de fumigaciones y cibernético han estado recibiendo llamadas desde diferentes reclusorios del país.
El mismo fenómeno ocurre en Durango. Teófilo Chaidez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Social, dice que varios de sus afiliados reportan extorsiones telefónicas al menos una vez al día. “Pagan por miedo, porque no quieren arriesgarse a que las amenazas se hagan realidad”.
En Acapulco, la extorsión y el cobro de piso se ejerce desde hace más de una década. A los vendedores de ropa usada de la colonia Emiliano Zapata, por ejemplo, les impusieron una cuota de 120 pesos diarios; a las fonditas y a taqueros, 100. “Pero si tienes mesas y sillas, sube la cantidad”, dice una comerciante, cuyo hijo tampoco se escapa de la extorsión. “Tengo dos taxis, pero pago cuota a tres grupos diferentes. Si no lo hago, me queman las unidades”.
En el Estado de México, la Asociación de Empresarios y Ciudadanos dio a conocer que al menos cuatro de sus agremiados han sido asesinados por no pagar la “renta”. Que Coacalco, Tultitlán, Cuautitlán y Valle de Bravo son los municipios con más extorsiones. Y que el modus operandi de los delincuentes consiste en fotografiar a los empleados de los negocios para amenazarlos y/o golpearlos “para que el patrón entienda que no es broma”.
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes en Valle de Bravo, cuenta que la extorsión telefónica es la más recurrente, seguida de la presencial u “operación guante”, que no es otra cosa que presentarse a las empresas para “explicar los beneficios” de llegar a un acuerdo. “Los dueños de tiendas de abarrotes, carnicerías o tortillerías pagan entre 2 mil y 3 mil pesos al mes; los franeleros y boleros, 50 y 100 pesos a la semana”, dice Rivera. “A muchos comerciantes los obligan a vender cigarros sueltos de contrabando y a los taxistas a entregar droga a domicilio”.
En Zamora, Michoacán, los comercios informales, especialmente aquellos dedicados a la venta de productos ilegales, son el blanco perfecto de las células delictivas. De acuerdo con comerciantes, en este municipio todo se puede hacer: rifas clandestinas, juegos de apuesta, venta de ropa de segunda mano, siempre y cuando se pague una tarifa.
En Tamaulipas la extorsión era uno de los delitos de alto impacto que había logrado reducirse, pero en los últimos meses se ha triplicado. Los empresarios creen que ahora se trata de bandas foráneas, bien organizadas, que poseen información detallada de las actividades de las víctimas. “Eso facilita que tres de cada diez extorsionados, caigan”, dice Cristian Pérez, secretario técnico de la federación local de Cámaras de Comercio. “Aquí el delincuente llama al establecimiento y amenaza con hacerle daño a algún familiar o al mismo dueño. Usan nombres e información que recaban por redes sociales”.
Otros estados en focos rojos por el delito de la extorsión son Hidalgo (sobre todo a transportistas de la ruta México–Tizayuca), en Puebla (en mercados como La Unión, Morelos, La Acocota, Hidalgo e Independencia), y en todo el estado de Nuevo León.
