En el caso Ayotzinapa, otra «mentira histórica» pretende evadir la responsabilidad del Ejército en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
Han sido ocho años de búsqueda, marchas y plantones de los padres de los normalistas, que vislumbraron una esperanza con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia.
En 2018, Ayotzinapa fue bandera electoral del entonces candidato: Vimos a López Obrador llorando con los padres de los 43, que ahora lo desacreditan cuando su gobierno rehuye investigar a miembros de la Defensa Nacional, que presuntamente participaron en el asesinato.
Más aún, cuando la periodista Peniley Ramírez del diario Reforma reveló este domingo que «casi todos los 43 normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 fueron asesinados, descuartizados y enterrados esa misma noche.
“Los criminales de Guerreros Unidos pensaron en quemarlos, pero eran muchos cadáveres y cambiaron de opinión. Se los repartieron. Cada grupo criminal se deshizo de los restos a su cargo como pudo”.
La columnista señaló que en los hechos estuvieron involucrados el coronel José Rodríguez y el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a partir del acceso que tuvo a una parte del informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, que califica a la llamada “verdad histórica” como un “invento político”.
En medio del descrédito, la renuncia del titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, por desacuerdos en los procedimientos para aprobar 21 órdenes de aprehensión contra militares.
Por su parte, los cuatro presos en el Campo Militar 1-A que reclaman la politización del caso y la aprehensión basada en los dichos de un delincuente protegido, cuyas declaraciones son meras conjeturas, advirtieron sus abogados defensores.
