Por Leticia Montagner
Las Agrupaciones de Seguridad Unidas por un México (ASUME), solicitaron al Congreso de la Unión, aprobar en el periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre, la Ley General de Seguridad Privada, con el objetivo de garantizar, de manera inmediata, el marco jurídico para que los servicios privados de seguridad cuenten con un estándar de calidad para beneficio de los ciudadanos y las empresas que las utilizan.
En una carta firmada por el dirigente nacional de las 32 principales asociaciones de empresarios de seguridad, Armando Zúñiga Salinas recordó que el ejercicio parlamentario realizado en la anterior Legislatura resultó en la publicación de la Reforma Constitucional en materia de seguridad privada, en mayo de 2021, donde estableció la obligación legislativa de aprobar una Ley General en un plazo máximo de seis meses, para que la Federación y sus Entidades contaran con una articulación y coordinación eficiente con el sector en todo el territorio nacional.
En el documento enviado a los integrantes de la Junta de Coordinación Política y presidentes de las Comisiones de Seguridad de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, así como a los dirigentes de las distintas fuerzas políticas, Zúñiga Salinas expresó la preocupación del sector ante el incumplimiento del régimen transitorio expuesto, que establece la obligación para expedir la Ley General en Materia de Seguridad Privada a que hace referencia el artículo 73, fracción XXIII Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta ley permitirá un trabajo apegado a la ley, como:
1.- Regular los servicios de la seguridad privada, establecer los esquemas de coordinación y corresponsabilidad entre las autoridades, así como normar la colaboración de los prestadores como auxiliares de la seguridad pública.
2.- Homologar y armonizar los procesos de regulación, supervisión, vigilancia y aplicación de la normatividad y criterios en materia de seguridad privada en los tres niveles de gobierno.
3.- Fortalecer los mecanismos de coordinación, cooperación y colaboración con autoridades federales, estatales y municipales y establecer las figuras jurídicas necesarias que eviten una sobreregulación y discrepancia en la aplicación de la normatividad del sector.
4.- Determinar una autoridad nacional que diseñe, organice y aplique los instrumentos legales; evitar la multiplicidad en cuanto al cumplimiento de trámites, requisitos y otras obligaciones relacionadas con la prestación del servicio de seguridad privada y erradicar los excesos normativos en esta materia.
5.- Impulsar la actualización de la normatividad en la materia; contar con un registro a nivel nacional, retroalimentado en coordinación y coadyuvancia de las entidades federativas para llevar un control actualizado de los prestadores de los servicios.
6.- Impulsar la simplificación de trámites a través de medios tecnológicos, creando una autorización única que se debe caracterizar por su transversalidad y beneficios tanto para el regulado y el regulador, así como por el impacto para quien recibe los servicios, y en consecuencia la sociedad en general y contar con centros de capacitación y especialización, los cuales serán instituciones públicas y privadas certificadas por la autoridad federal.
A nombre de sus representados, Zúñiga Salinas solicitó que la expedición del marco legislativo pueda ser considerado dentro de los temas trascendentales en este periodo parlamentario.
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