Debido a la falta de certeza sobre las consecuencias de lo que decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las obligaciones a las que están sujetos los concesionarios mexicanos de radio y televisión en aspectos centrales que inciden sobre la libertad de expresión; la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exhortó al Congreso de la Unión de México a que en una próxima discusión sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión impulse un debate abierto, plural y apegado a los principios de libertad de expresión y de prensa.
Las posibles medidas permitirían al Estado obligar a los medios electrónicos a que en sus informativos diferencien espacios de opinión e información, impondría códigos de ética oficiales y restablecería las defensorías de Audiencias, las que podrían imponer criterios editoriales a los medios.
Además de la intromisión en los contenidos, que restaría independencia a los medios, existe el riesgo de la viabilidad de estas empresas de comunicación, por cuanto las autoridades podrán sancionarlas con multas de hasta el tres% de sus ingresos y clausurarlas por faltas reiteradas.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, expresó preocupación «ante la posible amenaza de poner límites a derechos universales que garantizan la libertad de información y opinión en los medios, bajo la excusa de velar por los derechos de las audiencias».
Canahuati, presidente ejecutivo de Grupo Opsa, de Honduras, instó al Congreso a impulsar un proceso legislativo plural en el que se escuche la opinión de diversos actores, entre ellos los afectados, las empresas de radio y televisión.
Dijo que sería «desastroso para México que se censuren las libertades prensa y expresión o que se alineen esas disciplinas a la voluntad de alguna ideología partidaria o política».
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, agregó:
«La legislación que se adopte debe dar certeza jurídica a concesionarios, comunicadores y trabajadores de los medios, permitiéndoles desempeñar sus funciones desde la autorregulación, la libertad y la autonomía editorial».
