Homero Aguirre Enríquez
Cuando era candidato, el actual presidente de México dijo muchas veces que la delincuencia tenía que atacarse desde la raíz, combatiendo las causas profundas que originan pobreza, marginación, incultura, falta de educación y hacinamiento, entre otros males que a la larga llevan a los individuos a delinquir cuando se llega a ciertos límites. Esa fue la base de sus discursos para condenar a quienes le habían apostado al uso del Ejército para combatir a los delincuentes y a la elevación de las penas para disuadir a quienes delinquen. Aún circulan en redes fotos donde López Obrador, Mario Delgado y otros morenistas exigían que el Ejército regresara a los cuarteles y se dejara a los civiles la persecución de la delincuencia. “Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a regresar a sus cuarteles al Ejército en 6 meses si gana la elección federal” se lee en una nota del portal Animal Político, fechada en febrero de 2012, pero lo siguió repitiendo cientos de veces.
Con esas y otras promesas, a los aplausos siguieron los votos de un pueblo desesperado y anhelante de un cambio. Pero la realidad no se modificó, sino todo lo contrario. Ya en el poder, AMLO no le ha hecho ni cosquillas a las raíces económicas de la delincuencia, la pobreza sigue su ascenso y se agudiza con la elevación escandalosa de los precios de alimentos básicos; mientras la marginación sigue lastimando a millones que viven en colonias y pueblos marginados, sin luz, ni drenaje, ni pavimento, recibiendo agua en tandas y en tambos mohosos, habitando chozas o cuartos de cartón donde crecen sus hijos y también sus rencores y frustraciones por un mundo donde el bienestar está reservado a unos cuantos.
Toda esa realidad horrible, que no puede cambiarse más que modificando estructuralmente el reparto de la riqueza, se ha dicho que va desaparecer mediante la entrega de algunos pesos en tarjetas repartidas a diestra y siniestra. Pero los morenistas son tan mentirosos como los políticos matreros de antaño. Con las tarjetas han logrado clientes electorales, pero no un pueblo libre de pobreza, la cual sigue asomando sus dientes en cada casa y en cada barrio, y entre otras cosas sigue generando mexicanos que son incorporados a la delincuencia, como lo prueban las crecientes estadísticas de asaltos, violaciones, desapariciones y todo el espantoso catálogo delictivo.
No se atacaron las raíces de la violencia, como prometió AMLO, pero sí se procedió a incrementar la presencia de militares en tareas que nada tienen que ver con la defensa nacional frente a peligros del extranjero, lo que se hizo acompañar de miles de millones de pesos para construir obras de infraestructura y desempeñar tareas administrativas, a lo que se suma el acuerdo presidencial de poner bajo mando militar a la Guardia Nacional, definida constitucionalmente como una institución civil. Aquella sonora frase de López Obrador de regresar al Ejército a los cuarteles, fue otro engaño más a la buena fe de sus electores. Ahora dice todo lo contrario: “El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que buscará una reforma constitucional o legal para evitar que soldados y marinos regresen a sus cuarteles en 2024 y permanezcan en las calles, en labores de seguridad pública, junto con la Guardia Nacional”(Reforma, 12 de agosto de 2022). O sea, una contradicción abierta con sus promesas de toda la vida, una vil traición a sus electores y la construcción de un escenario muy peligroso, diseñado para empoderar a una institución armada y volverla afín a los planes morenistas de perpetuarse en el poder.
Tampoco tiene nada que ver con atacar las raíces económicas y sociales de la delincuencia, la medida de ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, algo que Morena impulsó y logró que se aprobara en 2019. Se trata de una medida inscrita en la misma lógica de quienes proponen endurecer los castigos como un escarmiento para inhibir los delitos, recurso este último que se ha probado como absolutamente ineficaz, como lo demuestra el caso de los Estados Unidos, donde la delincuencia no cesa a pesar de existir pena de muerte.
Lo que sí ha ocurrido es que ahora en México hay más gente en las cárceles, acusada de cometer delitos y encarcelada casi automáticamente. “Entre junio del 2020 y el mismo mes de 2022, el número de personas encarceladas, tanto con sentencia como sin ella, pasó de 210 mil 287 a 226 mil 916; un aumento de 8 por ciento… Lo anterior, a decir de expertos consultados, es consecuencia del aumento en el uso de la prisión preventiva oficiosa” (EL ECONOMISTA, 26 de agosto de 2022).
Y si la prisión preventiva oficiosa no ha disminuido la violencia y sólo ha servido para rellenar las cárceles de gente que pudiera llevar su proceso en libertad o que de plano es inocente, ¿por qué los morenistas exigen que permanezca? ¿por qué el mismo presidente, que siendo candidato dijo que la inseguridad y la violencia no se arregla con más cárceles, castigos y policías, anda ahora tan activo en la defensa de la prisión preventiva oficiosa? La respuesta más probable es que la prisión preventiva oficiosa facilita la intimidación contra los adversarios políticos, a los que se les puede acusar de cometer algunos de los delitos en la larga lista de los que ameritan prisión preventiva automática, con la confianza de que estarán un buen tiempo tras las rejas en lo que se averigua si son culpables o inocentes. “Desde la perspectiva del control político, la prisión preventiva oficiosa ofrece grandes ventajas. Basta con una imputación, por improbada que sea (pero del tipo penal adecuado), para encarcelar a alguien durante años. Las oportunidades de extorsión que ofrece ese mecanismo son enormes… Puesto de otra manera, el gobierno reclama el derecho inalienable a la ineptitud y el chantaje”, escribió Alejandro Hope en El Universal. Y tiene razón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe echar abajo esa aberración jurídica que al mismo tiempo es una puerta abierta al abuso de poder.
Militarización que abre la puerta a eternizar a Morena en el poder; abuso judicial desbocado, inocentes encarcelados; violencia creciente en un país convertido en fábrica de pobres con tarjeta. El pueblo debe aprender a conocer a los gobernantes con base en sus hechos, no en sus dichos, y debe reaccionar negándoles su voto y bajándolos del poder. Después será demasiado tarde.
