Siguiendo la línea de austeridad republicana del presidente Andrés Manuel López Obrador el Gobierno de la Ciudad de México tiene en la mira a los organismos autónomos locales.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó en enero de 2021 que si bien hay muchos organismos que son sumamente robustos “no se han visto sus resultados”.
Hay que hacer una evaluación porque no es defender a los organismos autónomos per se. Pienso, como el presidente, que es muy importante hacer una evaluación de todos estos organismos”, refirió.
En la Ciudad de México existen nueve organismos autónomos que en conjunto recibirán este 2022 un presupuesto de 11 mil 687 millones 808 mil 772 pesos:
- Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México
- Universidad Autónoma de la Ciudad de México
- Instituto Electoral de la Ciudad de México
- Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México
- Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
- Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México
- Tribunal Electoral de la Ciudad de México
- Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
- Consejo de Evaluación de la Ciudad de México
El principal choque entre la mandataria capitalina y los organismos autónomos ha sido el sueldo que perciben los titulares.
Para disminuirlo, reconoció, desde el Congreso de la Ciudad de México se ha bajado el presupuesto otorgado a fin de que “ellos decidan qué tipo de austeridad interna tienen que hacer para poder cumplir con el presupuesto”.
Sheinbaum Pardo apunta además que para reducir el gasto en organismos autónomos es necesario revisar la Constitución federal, ya que algunos dependen de las mismas y no se pueden modificar a nivel local.
“Hay que hacer inclusive una revisión en la Constitución, de todos los organismos autónomos que fueron planteados en su momento”, opinó.
El analista político Jorge David Aljovín coincide con la revisión de los organismos autónomos en la Ciudad de México, especialmente en la del Instituto Electoral local.
Explicó que las instituciones electorales son revisables, más cuando se está ante un grave contexto de recesión y crisis económica.
Igualmente se dijo a favor de examinar los sueldos.
“Este tema de los salarios debe ser revisado con lupa, sobre todo si te pones a pensar que deben existir declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios públicos para así detectar los casos, las relaciones y los conflictos de interés.”
Pero para el especialista en política Christian Salazar Montiel existe un riesgo en disminuir a los organismos autónomos.
Afirmó que la discusión debe originarse desde la ciudadanía y no de autoridades por razonamientos políticos.
“Desde luego el planteamiento no debe venir del propio poder, debe venir de la ciudadanía para ver qué límites le queremos poner al poder.”
