Un gobierno realmente interesado en reducir la pobreza promovería una reforma fiscal para que los ricos paguen más impuestos y destinaría más recursos para obras y servicios; AMLO nada de eso hace, se limita a un discurso de «pobreza franciscana».
Vania Sánchez Trujillo
En una de sus conferencias de prensa mañaneras de la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que su administración aplicará una serie de medidas para pasar de la “austeridad republicana” a la “pobreza franciscana”. Posteriormente, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, las difundió: “utilizar de manera más estratégica la liquidez… hacer algún tipo de barridos sobre otros fideicomisos… no se van a realizar más viajes al extranjero… se van a tomar decisiones con algunas vacantes… y que paguen los evasores”. Esta urgencia de liquidez financiera y de reducir gastos evidencia que el subsidio a los combustibles ha puesto en jaque a las finanzas del Gobierno Federal y que ahora éste pretende hacer de la necesidad una virtud.
Pero además de este desajuste en la administración de las finanzas públicas, en el discurso de AMLO en torno a que la austeridad beneficia al pueblo mexicano hay también una impostura, una patraña; ¿por qué? En primer lugar porque entre sus colaboradores de más alto nivel y confianza hay personajes que no se atienen a su Ley Federal de Austeridad; además de que los gastos del Presidente, los de su esposa e hijo menor no los paga con su salario, sino con una partida del erario. En segundo, porque la reducción de sueldos a los empleados de la administración pública ha servido como índice para que el sector privado justifique la disminución de los ingresos de sus trabajadores. Y en tercero, porque no se sabe en qué se han gastado los dos billones de pesos que la “austeridad republicana” quitó a instituciones del Estado con el fin de “liberar fondos para el desarrollo social”, ni se sabe dónde están.
A estos hechos hay que sumar otro desacuerdo: que mientras el presupuesto público no ha aumentado o ha crecido muy poco, el gasto destinado al desarrollo social ha disminuido. Por ejemplo, en el primer semestre de 2022, el gasto en rubros tan esenciales como salud y educación se redujo el 19 y 13 por ciento con respecto al mismo periodo de 2021. Por ello, el Presidente miente cuando afirma que “antes le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno”; ya que el suyo sigue costándole mucho más al pueblo porque, en vez de promover una reforma fiscal para que las grandes corporaciones paguen más impuestos, prefiere reducir el gasto público dedicado a los pobres.
Por ello, asimismo, debemos preguntarnos, ¿a quién sirve un gobierno financieramente pequeño y con aires de pobreza religiosa? En el Reporte de Desigualdad Mundial-2022 del World Inequality Lab se muestra que una de las características más relevantes de la desigualdad se debe al crecimiento de la brecha entre la riqueza neta del sector privado y la de los gobiernos. Esta brecha se ha extendido porque la fortuna de los dueños de las grandes corporaciones (quienes forman parte del 10 por ciento de la población más rica) ha aumentado, mientras que los gobiernos se han vuelto “significativamente más pobres”.
La reducción de los gobiernos, su empobrecimiento, es uno de los objetivos fundamentales del neoliberalismo para restarles poder político a los Estados y aumentar los beneficios económicos del capital privado. El reporte citado asegura que un gobierno empobrecido tiene menos capacidad para instrumentar políticas que redistribuyen la riqueza y combatan la desigualdad; es decir, para atender en serio los problemas que sufren los sectores más pobres, entre ellos el de dotarlos con servicios de agua potable, alimentos, educación y salud.
El discurso de la austeridad “republicana” o “franciscana” es solo demagogia y una farsa, con la que AMLO engaña a muchos mexicanos. Un gobierno realmente interesado en liberar al pueblo trabajador del pesado fardo de la pobreza, promovería una reforma fiscal para que los sectores más ricos de la población paguen más impuestos; obligaría a los empresarios a pagar mejores salarios a sus trabajadores y destinaria el gasto social para que dispongan de viviendas dignas y mejores servicios médicos y educativos. Ninguna de estas prioridades conforma la agenda de AMLO, cuyo gobierno es insensible e incapaz de atenderlas.
