Por Leticia Montagner
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), miente en la defensa que hace del decreto que prohíbe el glifosato a partir de enero de 2024, pues nunca aportó las pruebas, evidencias, estudios e investigaciones científicas que comprobaran que el herbicida glifosato es dañino a la salud y al medio ambiente.
El Presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC), Luis Eduardo González Cepeda, dijo que la posición del CONACYT defiende el decreto que prohíbe el glifosato sin ningún respaldo científico y hace mención a que las supuestas investigaciones existentes.
La Unión Europea, señaló, como parte del proceso para renovar la licencia de la aplicación del glifosato en los países que la integran, dio a conocer el año pasado, un extenso informe de 11 mil páginas, que incluye una amplia revisión de estudios científicos, concluyendo que el uso de glifosato es seguro, cuando se utiliza según las instrucciones y refutó que existan pruebas de que sea causante de cáncer.
González Cepeda recordó que apenas el 31 de mayo de este año el reporte de la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA por sus siglas en inglés), a través de su Comité de Evaluación de Riesgos, reportó que clasificar al glifosato como cancerígeno no está justificado y que la conclusión está basada en una amplia revisión científica e independiente, es decir, libre de conflictos de interés, en una respuesta implícita a críticas usuales de activistas que descalifican los estudios científicos que contradicen sus opiniones sobre el glifosato.
El Dirigente de la UMFFAAC dijo también que la argumentación del CONACYT para defender la prohibición del glifosato apelando al principio de precaución y a la defensa de derechos humanos responde más a cuestiones políticas e ideológicas.
Lo anterior, porque nunca se ofrecen las pruebas de que la aplicación del glifosato genere los riesgos irreversibles o irreparables para el medio ambiente, la diversidad biológica y la salud humana, por lo tanto, si solo se afirma sin comprobar, pues apelar al principio precautorio no tiene ninguna validez.
González Cepeda también se preguntó que cómo es posible que más de 120 países en el mundo no apliquen el principio de precaución, sobre todo en los países del primer mundo, donde sí se aplica el Estado de Derecho.
Respecto a la justificación del decreto por parte de CONACYT apelando a los derechos humanos, el Presidente de la UMFAACC dijo que se trataba de una distorsión jurídica que no tiene mayor sentido, pues desde cuándo aplicar herbicidas autorizados por la propia Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, Cofepris, afecta a los derechos humanos.
Para la industria de protección de cultivos, todo indica que el CONACYT recurre a justificaciones ideológicas para la prohibición de un herbicida que, si se deja de aplicar a los cultivos y no habiendo una alternativa viable hasta ahora, se podría generar una pérdida de entre 20 y 40 % de la productividad de alimentos, dependiendo de cada cultivo, lo que afectaría de forma directa a 7 millones de agricultores, más otros 24 millones de personas que dependen de diversas formas de la agricultura.
En este sentido, González Cepeda coincidió con las estimaciones del Consejo Nacional Agropecuario, en que una reducción de 20 % en la producción implica dejar de producir más de 76 mil millones de pesos, más de 35 veces el presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Finalmente, el presidente de la UMFFAAC reiteró su llamado al CONACYT, las autoridades sanitarias, ambientales y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a establecer un diálogo que, a un año y medio de haberse publicado el decreto, no ha tenido lugar y que resulta urgente dadas las consecuencias que tiene la imposición de políticas basadas en prejuicio e ideologías y no en investigaciones científicas.
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