Puebla, Puebla. Por presunta violencia política de género, militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla, presentaron una demanda ante la Comisión de Derechos humanos (CDH), en contra de la gobernadora del Campeche, Layda Sansores San Román.
De este modo, el PRI en Puebla se sumó al resto de los estados que presentaron de manera simultánea una denuncia ante el organismo, al señalar que este tipo de actos, solo fomentan el machismo y la misoginia en el país.
Al respecto, el dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, se pronunció en defensa del líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, pues condenó los señalamientos de la jefa del Ejecutivo en Campeche en contra de “Alito” Moreno, sobre la presunta posesión de fotografías íntimas de diputadas federales de su bancada.
En este sentido, Néstor Camarillo consideró que es necesario poner un alto a las amenazas de la gobernadora de Campeche, quien ha dicho que eviten hacerla enojar porque de lo contrario estaría haciendo publicas esas fotografías donde diputadas figuran desnudas ante Alejandro Moreno.
Enfatizó que las diferencias políticas que pudieran existir no justifican el daño que Sansores San Román, está generando a la imagen de las legisladoras por lo que es urgente que el órgano garante de los derechos humanos intervenga.
“No vamos a permitir que se metan con las mujeres, aquí hay muchas mujeres que se sienten agredidas y nosotros vamos abanderar sus causas (…) el PRI tiene un sector muy fuerte, por eso estamos aquí defendiendo a las mujeres”, enfatizó.
Por su parte, la presidenta en Puebla del Organismo Nacional de Mujeres del PRI (ONMPRI), Xitlalic Ceja García, demandó la aplicación de sanciones para la gobernadora de Campeche y confió en que las autoridades atiendan la queja con la finalidad de sentar un precedente que no quedará impune sus acciones.
Xitlalic Ceja García y Lucero Saldaña, secretaria de Alianzas Políticas y Agendas Ciudadanas del PRI en Puebla, coincidieron en que se debe aplicar la Ley Olimpia para castigar este tipo de acoso y agresiones hacia las diputadas priístas.
“Ninguna persona por muy alto nivel o cargo que ostente tiene el derecho a violentar a las mujeres y menos hacer un llamado nacional para hacer un escarnio a mujeres víctimas de violencia, daños no solo en cuestión política sino también contra sus familias”, apuntaron.
