De acuerdo con la activista Judith Cabrera, codirectora de Border Line Crisis Center, los migrantes varados en la frontera norte de México optan por un empleo en territorio mexicano por el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, como el Título 42, pero afrontan precariedad laboral, sueldos paupérrimos y muchos de ellos en la informalidad, sin prestaciones ni garantías de nada.
“Son temas que enfrenta en sí la ciudad (Tijuana), pero para las personas que vienen de afuera es más complicado por el desconocimiento de la misma ciudad, desde cómo transportarse, dónde buscar trabajo, dónde es seguro, y a ello se agrega el problema de que no cuentan con documentos”, dijo.
Pese a los esfuerzos que se realizan en ciudades como la fronteriza Tijuana, la activista considera que sigue siendo un tema pendiente de consolidar porque los empleos en general para toda la población “precarizados”.
Un caso es el de Byron Fuentes, originario de Guatemala, quien dijo a Efe que percibe un salario de 1.200 pesos (unos 60 dólares) a la semana, lo que no le alcanza para satisfacer sus necesidades y las de su familia.
“Hay que comprar todos los alimentos, a veces se presenta que uno se enferma y tenemos que poner dinero de la bolsa para comprar medicamentos y no alcanza, la verdad”, expuso.
