Puebla, Puebla. Desde agresiones físicas, insultos, torturas y hasta abusos sexuales, son algunas de las atrocidades a las que se enfrentan las mujeres presas en el estado de Puebla, colocando a la entidad en el segundo lugar nacional con más incidencias.
De acuerdo con Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración a nivel federal, Puebla es el segundo estado del país en el que más se comete tortura en contra de las mujeres que son encarceladas y el sexto con la agravante de violencia sexual.
De acuerdo con información integrada en el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometido contra Mujeres Privadas de Libertad en México, se tiene registro de denuncias por estos delitos desde 2006, no obstante, existen registros de casos en Puebla desde el 2012, cuando se interpuso una denuncia por estas vejaciones cometidas durante el arresto y traslado, puesta a disposición ante el ministerio público, estancia en el centro de reclusión o la etapa de juicio.
Durante 2013 y 2014 se presentaron tres denuncias en cada año; mientras que en 2015 fueron 24; para 2016 se registraban otras siete y en 2017 llegaron a ocho.
En el caso de las agresiones sexuales, en 2018 se acusaron cuatro, en 2019 una y en 2021 tres más en la entidad.
Fue en 2018 cuando se registró el mayor número de torturas, con 136 casos; después inició un descenso a 62 en 2019; 46 en 2020 y el año pasado se registraron 22.
El Estado de México suma ocho mil 611 casos de tortura; seguido de Puebla, con 312; Hidalgo, 186; Quintana Roo, 154; Oaxaca, 127; Baja California, 115; Tabasco, 114; Tamaulipas, 113; Colima, 96; Aguascalientes 84, y Chihuahua, con 71 denuncias.
En cuanto a la tortura sexual, el Estado de México registra 76 casos, a nivel federal suman 34, en Tlaxcala 27, en Jalisco 16, en Quintana Roo 14 y en Puebla ocho.
Cabe señalar que la población femenil privada de libertad en Puebla se concentra en 15 centros penitenciarios mixtos, ya que no hay un centro femenil.
Hasta octubre de 2021, se tenía registro de 673 mujeres internas en el estado, de las cuales 433 estaban en el Cereso de San Miguel.
A nivel nacional, siete de cada 10 mujeres privadas de su libertad sufrieron algún tipo de violencia, incluyendo la tortura sexual, en las diferentes etapas del proceso.
Entre las agresiones consideradas se encuentran desnudez forzada, burlas sobre su cuerpo, amenazas de violación o violación sexual, practicar sexo oral de manera forzada, tocamientos en senos, glúteos o genitales, e introducción de objetos en cavidades.
Así como toques eléctricos en senos, glúteos, vagina, oídos, espalda; quemaduras con cigarrillos, empleo de frases estereotipadas, o fueron violentadas enfrente de sus familiares e hijos e hijas para coaccionarlas a realizar prácticas de connotación sexual en contra de su voluntad.
Ello tiene tuvo finalidad insultar, intimidar, degradar, humillar, controlar, obtener información o una confesión, castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido o con cualquier otro fin.
Para realizar este informe se practicaron mil 280 entrevistas a mujeres privadas de libertad en 66 penales distribuidos en las 32 entidades de la República.
El 15.23% del total de mujeres que refirieron tortura sexual se encontró que, de las investigaciones iniciadas, en el 3.07% de los casos se emitió sentencia a los juzgadores por el delito de tortura; mientras que en el 96.92% no ocurrió; es decir, las agresiones por estos delitos difícilmente se sancionan.
