Organizaciones no gubernamentales (ONG), presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un amicus curiae para que el organismo declare inconstitucional que la Guardia Nacional (GN) se despliegue en las fronteras norte y sur con fines de control migratorio.
Fue el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez(Centro Prodh), el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y los Programas de Seguridad Ciudadana y Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México los que presentaron la aportación.
Sobre el amicus curiae
- Presentaciones de terceros ajenos a la disputa que aportan a la Corte argumentos u opiniones que pueden servir como elementos de juicio relativos a aspectos de derecho que se ventilan ante la misma.
En esta ocasió el amicus aborda específicamente las facultades de control y verificación migratoria otorgadas a este cuerpo de seguridad militarizado (Art. 9, fracción XXXIII, XXXV y XXXVI), por los riesgos y consecuencias que tiene su involucramiento en tareas migratorias para los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional.
Las organizaciones señalaron que el amicus curiae presentado este martes acerca a la Corte información documentada sobre abusos y violaciones a derechos humanos de personas migrantes y sujetas de protección internacional cometidas por esta institución.
“Que son el resultado de la naturaleza y composición de la Guardia Nacional como un cuerpo militarizado, con más del 80 por ciento de sus elementos proveniente del sector castrense, así como en estructura, capacitación y mandos”, afirmaron.
Refirieron que la información proporcionada a la SCJN permitirá que la institución, al momento de resolver la acción de inconstitucionalidad, cuente con insumos sobre los riesgos de otorgar facultades en materia de control y revisión migratoria a este cuerpo de seguridad.
Criticaron que desde su creación, hace tres años, la Guardia Nacional fue vinculada en gran medida al control migratorio, bajo una lógica de contención en las fronteras: en febrero de 2022, de 99 mil 946 miembros desplegados en México, 15 mil 822 fueron ubicados en los estados fronterizos con Estados Unidos y nueve mil 298 miembros en estados de la frontera sur.
A ello se suma el despliegue de los integrantes de este grupo para tareas de control y verificación migratoria en puntos de revisión en el país como retenes, estaciones de autobuses y aeropuertos.
Además de que el Gobierno le asignó el resguardo de Estaciones Migratorias, en las que personas migrantes y sujetas de protección internacional se encuentran privadas de la libertad por motivos migratorios.
Señalaron que se han documentado recurrentes violaciones a derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional en la frontera sur.
“Incluyendo agresiones, abuso de la fuerza, encapsulamiento y dispersión de las personas migrantes en tránsito; uso de armas de fuego que causaron la ejecución extrajudicial de un migrante, así como casos de tortura en estaciones migratorias”, precisaron.
Las organizaciones pidieron a la SCJN revisar “a la brevedad” la acción de inconstitucionalidad, en el contexto de profundización de la militarización que vive “y que ha sido señalada con preocupación por diversos organismos internacionales”.
