La violencia y la inseguridad en Puebla siguen imparables. A inicios de mes, el brutal asesinato de un comerciante, la desaparición y muerte de tres jóvenes de la capital y la masacre de tres campesinos indígenas de Coyomeapan –incluido un menor de edad–, cimbraron al estado. El último golpe ocurrió el 21 de mayo, cuando dos sicarios y seis disparos acabaron con la vida de la activista y abogada Cecilia Monzón.
Cecilia Monzón tenía 38 años.
El sábado 21 de mayo conducía su camioneta sobre e l C a m i n o R e a l a Momoxpan, a la altura del Periférico Ecológico, en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula; dos hombres a bordo de una motocicleta le dieron alcance y dispararon contra ella en seis ocasiones.
“Feminista, activista, abogada, madre, hija…”, así la describiría su hermana Helena, un día después de su muerte, desde las redes sociales, que de inmediato se incendiaron con la consigna #JusticiaParaCecilia.
Ese mismo 22 de mayo, amigos, familiares, colectivos feministas y muchas de sus defendidas acudieron a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para exigir que se investigara su asesinato a la brevedad y se dé con los responsables intelectuales y materiales.
Desde la FGE, el Frente Plural de Mujeres anunció que Monzón Pérez tenía un proceso abierto en la Fiscalía, del cual reclamaba su judicialización, además de recibir amenazas que denunció en redes sociales, pero que no fueron escuchadas por las autoridades, pues nunca se le brindó la protección que pedía.
Recién llegada de España, su hermana Helena Monzón ofreció una rueda de prensa en la que manifestó que su familia tiene plena confianza en que la FGE realice su trabajo de manera rápida, eficaz y digna; sin embargo, pidió a la institución cuidar el proceso, las garantías de legalidad, aplicar la perspectiva de género y evitar “filtraciones” del caso de su hermana.
“Mi hermana era una brillante abogada y confiamos en que la Fiscalía siga los patrones de la legalidad en todo momento, que actúe de forma transparente y puntual con plena apertura para que nuestra familia y los abogados de mi hermana estén informados de primera mano a través de las autoridades”, señaló.
Cecilia Monzón se suma a las 92 mujeres que fueron víctimas de asesinatos violentos en Puebla, durante el primer cuatrimestre de 2022, según reportó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Hasta el momento, de estas 92 muertes, solo siete se investigan como feminicidio por la FGE.
Hace un par de meses, la abogada y activista feminista Karen Quiroga editó, en el portal France 24, que hay presiones contra las fiscalías estatales, mismas que reciben órdenes para tratar los feminicidios como homicidios dolosos como forma de adelgazar las estadísticas, que han denunciado organizaciones no gubernamentales en el caso de la FGE de Puebla.
Según el mismo organismo, al cierre del primer cuatrimestre del año, se advierte un aumento de 21.2 por ciento en los homicidios dolosos, de 16.7 por ciento en los secuestros y de 9.6 por ciento en los robos cometidos en Puebla, en relación con el mismo periodo de
2021.
Durante los primeros cuatro meses del año pasado se cometieron 255 homicidios dolosos; y para este año, con un corte al 22 de mayo, suman ya 309. La violencia se desborda… el gobierno no actúa Los domingos son, tradicionalmente, días de “tianguis” en el sur de la capital poblana. Y de encuentros deportivos también.
El domingo ocho de mayo, ambos eventos se tiñeron de rojo. Ese día, en el tianguis de “La Curva” que se instala frente a la colonia Unión Antorchista, un comerciante fue asesinado por un grupo de delincuentes de la zona.
La banda se hace llamar “Los fierreros”, por el tipo de herramientas que ocupan para cometer ilícitos. “Los fierreros” jugaban futbol en un campo cercano y un balonazo golpeó a una señora de la tercera edad y la lastimó, razón por la que los comerciantes de la zona le pidieron al futbolista que pidiera perdón. Pero él no lo hizo y, en cambio, se burló e insultó a la señora y a quienes estaban cerca de ella.
Ante la tardanza del futbolista, al lugar llegaron cerca de 30 delincuentes de la banda de “Los fierreros” para agredir a la señora y a los comerciantes con herramientas de metal.
El resultado de la agresión fue un comerciante asesinado por los golpes que recibió en la cabeza, uno más con fractura de cráneo, otro con la quijada deshecha y con fractura de cráneo, quien lucha aún por su vida en el hospital, y uno más con fracturas en todo el cuerpo. No se trató, como se difundió en algunas versiones, de una pelea proveniente del futbol, sino de la agresión de un grupo delincuencial ampliamente conocido en la zona por su grado de violencia; a tal punto que, en varias ocasiones, los propios policías que acuden a llamados de auxilio han sido víctimas de esta banda.
El 12 de mayo, la viuda de Víctor López acudió a la Fiscalía General de Puebla para exigir que se inicie la investigación del cruel homicidio de su esposo. Siete mil personas acompañaron a Verónica Nophal, comerciantes y colonos del Movimiento Antorchista, organización en la que su esposo militaba.
También se unieron a esa marcha familiares, vecinos y amigos de los jóvenes José Israel Sil, Brayan y Adolfo Moreno Sil, desaparecidos en la colonia Misiones de San Francisco, al norte de la capital y encontrados muertos días después en Papalotla, Tlaxcala. Frente a la Fiscalía, con la voz entrecortada, Verónica Nophal Camacho pidió a las autoridades que tuvieran empatía con su caso e iniciaran las investigaciones, pues, hasta ese momento, ningún funcionario se había acercado a ella.
“Necesito que me hagan justicia, que me escuchen, porque los de la policía no hacen nada, son antipáticos, no entienden mi dolor, no me hacen caso, no me podían dar el cuerpo, solo son trámites; lo que necesito es que investiguen y que de verdad hagan algo. Lo que me interesa es que los agarren; por favor, que hagan justicia para mi esposo, que no los dejen libres y que resulte que no encontraron a nadie”.
En palabras de los vecinos del sur, la banda de “Los fierreros” no es la única que opera en la zona y que goza de total impunidad, sino que hay más que ni el gobierno municipal pasado, de la morenista Claudia Rivera Vivanco, ni la administración actual del panista Eduardo Rivera Pérez, han detenido.
Coyomeapan: juicio político contra Barbosa Alrededor de las 18:00 horas del lunes nueve de mayo, una docena de campesinos de Coyomeapan regresaban de una reunión en la comunidad de Tequitlale; a bordo de una camioneta de batea, los campesinos se disponían a regresar a sus hogares, contentos por haber llegado a acuerdos sobre los preparativos para la fiesta del pueblo. Sin embargo, en el paraje de Cohatzalco, supuestos elementos de la Policía Estatal ya los esperaban para aprehenderlos.
La detención de los campesinos ocurrió en medio de disparos. Como resultado del ataque, tres campesinos resultaron muertos: Marcelo Carrera Reyes y Teofilo Barrera, ambos integrantes del movimiento Unidad Coyomeapan, que busca acabar con el cacicazgo de los hermanos David y Araceli Celestino, así como Omar Herrera Raymundo, joven de apenas 15 años.
En una primera rueda de prensa, Daniel Iván Cruz Luna, secretario de Seguridad de Puebla, había señalado que se trató de delincuentes que atacaron a los uniformados, por lo que ellos repelieron la agresión; tres días después, el gobernador Miguel Barbosa se vio obligado a reconocer que hubo tres muertos.
En conferencia con medios, los pobladores de Coyomeapan relataron que una vez detenidos en el camino “empiezan a detonar sus armas de fuego, más o menos eran 60 estatales (…) Nos empezaron a disparar, hubo tres muertos, nuestros compañeros heridos. Y sanguinariamente los estatales nos trataron como animales, no nos trataron como seres humanos”.
El 25 de mayo, nueve policías estatales fueron detenidos “por su probable responsabilidad en la comisión de actos ilícitos”. La Fiscalía acreditó la presunta participación de los elementos estatales en la comisión de los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, delitos cometidos contra la Procuración y Administración de Justicia y daño en propiedad ajena doloso.
“El Gobierno del estado de Puebla manipula la información: todo lo cambian y todo lo dicen a modo; la 4T está manchada de sangre, va a pasar a la historia con una mancha de sangre que se pudo haber prevenido”.
Por este multihomicidio, la legisladora morenista por Ajalpan, Puebla, en el Congreso de la Unión, Inés Parra Juárez, presentó un punto de acuerdo para que se inicie un juicio político contra el gobernador poblano Miguel Barbosa Huerta. Inés Parra afirmó que la policía estatal “emboscó a ciudadanos por indicaciones del gobierno del estado; Barbosa Huerta es el responsable porque él manda a la Policía Estatal”.
Reclamó que el Gobierno del estado dijera que se trató de delincuentes que enfrentaron a la policía: “tenía 15 años, ¿cómo va a ser delincuente? Un delincuente responde, no se pone de frente para que lo maten.
El Gobierno del estado de Puebla manipula la información: todo lo cambian y todo lo dicen a modo; la 4T está manchada de sangre, va a pasar a la historia con una mancha de sangre que se pudo haber prevenido”.
En el Congreso de la Unión, por tanto, solicitó que “se inicie proceso de juicio político contra el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, por cometer violaciones graves a los derechos humanos en Coyomeapan (…) Que la CNDH indague y documente los delitos de lesa humanidad, que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob atienda la violación de garantías constitucionales y funja como enlace de esclarecimiento de los hechos y sanción a los involucrados”.
En Coyomeapan, los habitantes mantienen una lucha por que se invaliden las elecciones de 2021, en las que Rodolfo García López, esposo de la actual diputada federal por el Distrito 15 con cabecera en Tehuacán, Araceli Celestino Rosas, resultó alcalde.
El pueblo se opone a reconocerlo, pues alega que es fraude electoral para que la familia Celestino siga gobernando el municipio, como desde hace 12 años. Dada la inconformidad del pueblo, surgió el movimiento Unidad por Coyomeapan.
Actualmente, cuatro líderes están presos por supuestos disturbios en la toma de inmuebles por los campesinos; fueron presos a base de engaños y los cargos que se les imputan son falsos; en la emboscada del nueve de mayo murieron dos integrantes activos del movimiento.
Aun con todas las agresiones sufridas, los indígenas de Coyomeapan continúan con su lucha para sacar del poder a “los Celestino”. Pero la unión de los poblanos humildes y de mexicanos de otros estados será imprescindible en el movimiento; pues las embestidas del Gobierno de Morena, encabezado por Miguel Barbosa, contra el movimiento de Coyomepan van del fraude, pasando por la cárcel, hasta los asesinatos.
Si Unidad por Coyomeapan quiere ganar la lucha de un pueblo en rebelión, deberá unirse con más organizaciones y poblanos para hacerse invencible.
