Este miércoles, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) instó a las autoridades a realizar las investigaciones correspondientes por la muerte de los tres indígenas nahuas abatidos por elementos de la Policía Estatal en un paraje de Zoquitlán, Puebla.
A través de un comunicado, Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México expresó: «Preocupa a la ONU-DH el uso excesivo de la fuerza por integrantes de la policía estatal. Este tipo de acciones no corresponde a una policía civil que actúa bajo estándares internacionales que establecen el uso estrictamente excepcional de la fuerza letal».
Detalló que el pasado 9 de mayo, en la población de Cobatzalco, municipio de Zoquitlán (Puebla), efectivos de la policía estatal de Puebla atacaron a un grupo indígena, provocando la muerte de tres miembros de la comunidad indígena Nahua de Coyomeapan.
En los hechos se tiene registro de que perdió la vida el líder de la comunidad y un menor de edad, además que seis personas más resultaron gravemente heridas.
La ONU-DH insistió en que todo hecho en el que un agente estatal haya provocado la muerte a alguna persona debe investigarse «de manera completa, exhaustiva e independiente, en un plazo razonable» e indicó que el Estado debe aportar información para verificar si se cumplió con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego.
A partir de una misión en la que el organismo sostuvo reuniones con los sobrevivientes de los hechos y entrevistó a Basiliza Montaño Gutiérrez, defensora indígena de derechos humanos de Coyomeapan y actualmente privada de su libertad, ONU-DH sostiene que la hipótesis fundamental de investigación «es la relación entre las ejecuciones y la criminalización de las personas de Coyomeapan con la disputa por el control de los recursos naturales de la zona».
Además, dictaminaron que también puede haber influido la relación entre las ejecuciones extrajudiciales y la criminalización de las personas de Coyomeapan, con la disputa por el control de los recursos naturales de la zona y el conflicto post electoral que se vive en la Comunidad Nahua desde el verano de 2021.
Ante esta situación, la ONU-DH «alienta» a las autoridades a brindar las medidas de protección adecuadas para todas las personas afectadas y sus familias a fin de evitar cualquier tipo de riesgo, además invita al Estado a «respetar y garantizar el derecho al territorio y a la libre determinación de la comunidad”.
