El 10 de enero Puebla se conmocionó con una grotesca noticia: un bebé de meses había sido encontrado en el Penal de San Miguel, en la capital poblana. Su nombre, se supo después, era Tadeo, y había sido exhumado de Iztapalapa.
Gran revuelo, incluso a nivel nacional causó el caso del bebé Tadeo. El gobierno de Barbosa fue exhibido, una vez más, como un gobierno sin control sobre la seguridad. ¡Les llevaron un bebé muerto a una de sus cárceles!
Las declaraciones de Barbosa fueron deplorables. En lugar de accionar, amenazó a los periodistas y activistas socialescon que no se atrevieran a investigar ni a hacer preguntas. La dictadura, pues.
Por este caso también fue exhibida la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH). Días después de darse a conocer la noticia, la CDH dijo que coadyuvaría a la investigación; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al trascender el hecho también anunció su apoyo para esclarecer este crimen.
¿Y qué pasó? La Comisión de los Derechos Humanos en Puebla le pidió a la CNDH que “se inhiba de conocer de los hechos ocurridos”, es decir, que se mantenga fuera del caso. ¿Por qué? Nunca supimos.
Ahora, a cuatro meses de dicho acontecimiento, resulta que la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla emitirá una recomendación al gobierno de Puebla. ¡120 días después!
El actuar de la CDH no se entiende. Parece que es omisa a propósito. La pregunta es ¿para qué? O, mejor, dicho, ¿para quién?
