El Presidente afirmó que el dinero que antes se robaban, ahora llega a los de abajo. Nada más engañoso. Un informe del INEGI reveló que en 2020 sólo 35% de familias pobres eran beneficiarias de programas sociales; en 2016 era el 61%.
Carmen Guevara//@CarmenGuevH
«Lo de vivir dignamente, como que ya no se da en la actualidad. Porque así como ganas, las cosas suben. No sabemos de qué manera el gobierno da esa ayuda, ese apoyo no se ve”, dice doña Vianey Araceli Cruz Asunción, vecina del municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, en la Sierra Norte, estado de Puebla, quien hasta hace poco se apoyaba con lo que recibía del programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez (PBEBBBJ), pero fue dada de baja y no ha logrado reincorporarse a pesar de que cubrió los requisitos.
Así como ella, hay otras 200 señoras del municipio de Nauzontla, Zoquiapan y comunidades de Xochitlán, quienes en meses pasados entregaron nuevamente su documentación para ser reintegradas a dicho programa, pero hasta ahora no han tenido éxito y no les han explicado por qué fueron dadas de baja.
En su III Informe de Gobierno, en septiembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que “el dinero que antes se robaban ahora llega a los de abajo, a los olvidados. El 70 por ciento de los hogares de México está inscrito en cuando menos un programa de bienestar o se beneficia de alguna manera del presupuesto nacional y al resto, al 30 por ciento de los mexicanos con mejores condiciones económicas y de trabajo, tampoco los hemos dejado en el desamparo”.
Sin embargo, el verdadero alcance de los programas sociales del Gobierno Federal solo existe en el discurso oficial engañoso. La Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares (2020) desde un enfoque de desigualdad y redistribución, levantada por el Instituto de Estudios sobre Desigualdad (Indesig), reveló que, en 2016, el 61 por ciento de las familias pobres de México estaba en el padrón de beneficiarios de los programas sociales; y que en 2020, cuando ya gobernaba AMLO, éstas se habían reducido al 35 por ciento.
El mismo estudio de opinión reveló que, en 2018, Prospera llegaba al 18 por ciento de los hogares y que en 2020 ninguno de los programas más amplios del gobierno actual lo había superado, porque su cobertura es muy baja: la Pensión para Adultos Mayores solo cubre al 15 por ciento de esta población y las Becas Benito Juárez (BBJ) apenas llegan a seis por ciento de las personas que cumplen con los requisitos.
Pero estas cifras no retratan a cabalidad la cruda situación de las personas. Sabina Bautista Pascual vive con su hija y esposo en una pequeña casa prestada, con techo de lámina de acero remendado con cartones en la comunidad de Zitlala, en el municipio de Ahuacatlán. Cuentan con un pequeño pedazo de tierra donde siembran maíz, que solamente les alcanza para el autoconsumo de dos o tres meses, cuando les va bien. La familia ha intentado incorporarse a uno de los programas del gobierno, pero ha fracasado.
“Metí los documentos de mi hija, pero dicen que todavía no. Dice el gobierno que hasta cada seis meses. Antes, a los que más necesitaban se les daba (el apoyo), pero ahora no. Por eso los niños están abandonando los estudios. Allá –señala hacia un lado de la casa– hay una señora que ya no van sus hijas a la escuela; se las llevaron a trabajar a la ciudad, porque sale caro pagar inscripción, sus útiles y no le entendían a eso de las clases virtuales.
“Como dicen que no somos del partido (Morena), no nos pueden dar”, Doña Sabina revela que por ello no ha logrado obtener ningún apoyo, ni siquiera cuando el huracán Grace dejó a la familia sin techo y tiró su milpa.
Disminuyen padrones
Pero el discurso oficial no solo miente con respecto al alcance real de los programas, sino que además oculta que está dando de baja en los padrones a muchas de las personas que inicialmente fueron beneficiarias de éstos. Lo anterior se evidencia por el hecho de que en muchas comunidades no hay funcionarios, ni oficinas, ni líneas telefónicas que den información a las afectadas.
Desde octubre de 2021, doña Vianey Cruz no recibió el pago correspondiente a ese mes; y cuando acudió a su municipio le dijeron que seguramente alguno de sus documentos estaba mal y que nuevamente debía entregar copias y acudir el 10 de enero del presente año para saber el resultado de su trámite. Entonces asistió junto con otras 200 señoras.
“No nos dijeron nada. Algunas pasaron a la oficina y les dieron un número de teléfono para que se informaran. Solamente les dijeron que estaban dadas de baja del programa. En febrero volvieron a dar pago, fuimos a preguntar y nos dijeron que si entregamos papeles y no nos llegó es porque no pasamos. Pero no nos dicen qué documento está mal o por qué. Hay personas que se movilizaron hasta Puebla, otras a Zacapoaxtla, pero según que ahí no saben nada, no saben que dieron de baja a varias y que solo está llegando la beca para un hijo”, detalló la señora Cruz.
Los Servidores de la Nación pasaron hace tres años por los documentos de Antonia de Gaona Santiago, mujer indígena del municipio de Huitzilan de Serdán, quien con el cambio de Prospera al programa Bienestar se quedó sin el apoyo, aunque le prometieron integrarla.
“Estaba muy enferma. Ese señor, Vicente Luna –servidor de la nación– me pidió que le diera no sé qué papeles, y que sí me iba a apoyar y nunca me ayudó en nada. Apenas tiene que estaban anotando y no me anotaron. También hace dos años estaban anotando a discapacitados y me dijo ese señor: ve, saca los papeles y te anotamos, si llega pues llega, y si no, pues ya así, nosotros no tenemos nada que ver”, recordó doña Antonia.
En la misma situación se encuentra doña Maclovia Martínez Berriozábal, de la comunidad de Cohuapan en el mismo municipio serrano. Le retiraron la beca a una de sus hijas, quien sufre de discapacidad y se vio obligada a desertar de la escuela.
En mayo de 2021, Herlinda Veracruz denunció a través del portal de noticias contigopuebla.mx que en 2018 los “servidores de la nación” le solicitaron documentos para incorporar a sus cuatro hijos discapacitados. Solo en una ocasión les llegó el apoyo y se lo retiraron con los argumentos de que “no necesitaba el recurso” y que ocupaba “el dinero para hacer fiestas”. Después de la denuncia los Servidores de la Nación” la estuvieron buscando para reintegrarla.
A través de la línea del Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, 800 63 94 264, buzos solicitó asesoría para doña María Ana Mora Nava, quien desde hace tres años no recibe su apoyo, pero la liga envía directamente a una página con las leyendas “La ruta no existe” y “Error 500”.
La habitante huitzilteca, quien tiene 68 años, ya actualizó su acta de nacimiento porque supuestamente el motivo de la baja había sido que no cubría la edad requerida. Ha llevado en varias ocasiones sus documentos a los Servidores de la Nación de la comunidad de Totutla, pero su situación sigue igual. La única respuesta que recibe vía telefónica es que se mantenga atenta a la apertura de los módulos de recepción de documentos que se instalarán a partir del mes de agosto para que entregue sus papeles; y cuando dijo que ya había cubierto esté trámite le dijeron que debía entregar una vez más sus documentos.
Otra huitzilteca, quien prefirió el anonimato, dijo que junto con otras 50 mujeres estuvo gestionando su reincorporación y que ella y sus compañeras entregaron, otra vez, las copias solicitadas por los Servidores de la Nación. Cuando acudieron a la delegación en Zacapoaxtla y en Hutzilan se les informó que en “próximos días vendrá un ingeniero de la delegación” por los papeles para poder integrarlas; les informaron que ya los habían entregado pero les dijeron que los dieran por perdidos.
Éste es el calvario que padecen las jefas de familia que han sido eliminadas de los padrones de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal. En 2021, el Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica (PBBBEB) consistía en la entrega de 800 pesos mensuales “hasta por 10 meses que dura el ciclo escolar”, es decir ocho mil pesos, pero solo se entregaba a un hijo por cada familia.
buzos solicitó a una beneficiaria huitzilteca sus fichas de pago para cotejarlas con lo que afirma la dependencia y el resultado fue el siguiente: en 2021, la beneficiaria solo recibió dos pagos de tres mil 360 pesos cada uno, en total seis mil 720. Había un faltante de mil 280 pesos, cantidad cuyo destino se desconoce, paradero que la afectada no se atreve a cuestionar por temor a que la den de baja. En 2022, el apoyo es 840 pesos mensuales y en febrero ya recibió el equivalente al primer bimestre. Pero no se le repuso el faltante por tres mil 600 pesos.
En el buscador temático del Padrón de beneficiarios de la Plataforma Nacional de Transparencia se buscó el nombre de la huitzilteca para revisar el reporte de los pagos que había recibido de la Coordinación Nacional de BBBBJ; en éste aparece que en 2021 recibió tres mil 200 pesos en el periodo abril-junio; en julio-septiembre, mil 600 y en octubre-diciembre tres mil 200. En total ocho mil pesos, es decir la cantidad prevista, pero no la que realmente recibió.
En la Sierra Norte de Puebla, las jefas de familia solo reciben dos pagos y no saben por qué ocurre esto. Lo que sí recuerdan es que, en los sexenios anteriores, los programas de apoyo educativo a sus hijos eran recibidos de manera sistemática y al inicio de cada ciclo escolar se incrementaba, especialmente el destinado a la compra de útiles escolares.
Corrupción y poca transparencia
La “lucha” del Gobierno Federal contra la corrupción es en realidad solo publicidad engañosa, como lo evidencian sus actitudes y los análisis objetivos. La organización civil Transparencia Internacional dio a conocer que el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 ubicó a México en el lugar 124 de 180 evaluados, ya que de la mejor calificación posible de 100 puntos solo obtuvo 31.
“Sigue siendo el país peor evaluado de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. En el G20, México ocupa la posición 18 de 19 países evaluados”, dijo la organización en su comunicado del 24 de enero del presente año.
En el anuario La Corrupción 2021, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se dice que la distancia entre los dichos y los hechos en el gobierno morenista en materia de corrupción y la impunidad es enorme y que cuando esta se denuncia “la respuesta ha sido la misma: descalificar a los denunciantes y justificar y proteger a los involucrados cercanos al movimiento político de AMLO y a su equipo de gobierno”.
En el recuento de los hechos de la actual administración sexenal, el anuario dice que “la revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del primer año de gobierno de AMLO identificó 100 mil 914 millones de pesos de recursos federales que fueron usados irregularmente y que deben ser aclarados o devueltos”.
También denuncia la opacidad detectada en el programa Sembrando Vida, en el que “los beneficiarios reciben cinco mil pesos mensuales, de los cuales, obligatoriamente, les descuentan el 10 por ciento para crear un ahorro. Según un reportaje publicado por Expansión-Connectas, la Secretaría de Bienestar no informa ni rinde cuentas a los campesinos de dónde está su dinero ni qué hace con él”.
Con respecto a este mismo caso, la auditoría (18/2020) efectuada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre los primeros cincos meses de la Coordinación Nacional de las BBBBJ encontró “inconsistencias en el procedimiento de selección de beneficiarios, en las metas programadas y en los gastos de operación, así como irregularidades en la entrega de los recursos”.
Por si fuera poco, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) revelaron que “las instituciones de gobierno en México fueron menos transparentes en 2021 respecto del 2019” y que en su primer año, el Índice de Gobierno Abierto (IGA) de esta administración federal cayó del 0.52 al 0.48 punto en 2021, lo que implica menos transparencia y más obstáculos para que la población pueda acceder a la información.
El alcance y los frutos cosechados por los programas y las políticas del gobierno de AMLO distan de la realidad; y conforme avanza el sexenio, la opacidad y la improvisación están cada vez más a la vista. Por ello, ahora Morena y el Presidente, quienes en 2018 “eran la esperanza, ahora son la desgracia”, dijo a buzos Sabina Bautista Pascual, desde su humilde casa en Zitlala.
