De nueva cuenta, familiares de la doctora Zyanya Figueroa Becerril volvieron a marchar y clausuraron simbólicamente una Fiscalía que, desde un inicio, no le ha abierto las puertas a la justicia en el caso de Zyanya.
El caso de la doctora, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el 15 de mayo de 2018, ha trascendido fuertemente.
Por eso, incluso el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) exigió la destitución de la fiscal de feminicidios en Puebla, Celia Segreste Acevedo y de Raquel Avendaño Fernández, encargada de despacho de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género.
¿La causa? “Su deliberada omisión que obstaculiza el acceso a la justicia en el caso de Zyanya”.
No es para menos, desde un inicio se le dio carpetazo al asegurar que se trató de un suicidio, ha sido su familia la que ha luchado para que su caso sea investigado con perspectiva de género y bajo una premisa de investigación de feminicidio, como lo dicta el protocolo.
Sin embargo, del trabajo de la Fiscalía no se sabe nada; ni un plan de trabajo, ni la metodología, ni nada.
Incluso la familia ha ayudado, dando material y pruebas, pero nada ha bastado para una Fiscalía que se niega a hacer su trabajo y muestra, una vez más, su indolencia para con las víctimas y sus familiares.
