A lo largo de su habitual conferencia matutina, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa solo se ha encargado de endurecer el discurso en contra de sus opositores, lejos de ocuparse por los verdaderos problemas que aquejan al estado.
Barbosa Huerta ha sido señalado por usar el máximo el estrado de la entidad para consignar herencias funestas del pasado que atiende su administración, esto, tras dos años del arranque de la estrategia de comunicación iniciada con la pandemia de Covid-19.
Luis Miguel Barbosa Huerta no se ha salvado de los señalamientos, ya que desde que asumió el cargo han sido varios los episodios que el morenista ha protagonizado, sobre todo respecto a sus declaraciones.
A inicios de este mes de marzo, Roberto Ignacio Alonso Muñoz, coordinador de la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana de Puebla alertó lo preocupante que resulta ver cómo se usan las instituciones en el estado de Puebla para pleitos y beneficios personales.
Lo anterior “Por el uso arbitrario de diferentes instituciones para saldar una diferencia personal, porque ello finalmente podría configurar un caso de corrupción, no es sino el uso personal o parcial de lo público para beneficios privado, remover de una posición de autoridad a un personaje que perdió la simpatía del ejecutivo estatal”.
En su momento, Alonso Muñoz, puso de ejemplo el proceso legal contra el titular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco Romero Serrano quien fue aliado del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, pero ahora que hay un conflicto entre ellos se busca hacer de todo para quitarlo del cargo, lo cual es claramente un asunto político.
Y es que recordó que el auditor primero fue impuesto por una parte del Congreso en medio de críticas por su vínculo con Barbosa Huerta, e incluso su designación fue impugnada por la oposición.