La monarquía absoluta de Arabia Saudita cuyo gobernante es el príncipe heredero Mohamed bin Salman, asesinó a 81 personas el sábado, hecho calificado por distintos organismos de derechos humanos como un crimen de guerra.
La mayoría de las víctimas de esta barbarie medieval eran jóvenes de la región oriental del país, donde vive la mayoría de la población chií, 41 de las víctimas de la ejecución masiva habían participado en protestas antigubernamentales en 2011-2012. Otras siete eran yemeníes, supuestamente vinculadas a la rebelión de los hutíes en Yemen que derrocaron a un régimen respaldado por Arabia Saudita.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que, “La ejecución de sentencias de muerte tras juicios que no ofrecen las garantías necesarias de un juicio justo está prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario y puede constituir un crimen de guerra”.
Ante este hecho de Barbarie cometido por un aliado de EE. UU., ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han emitido declaración alguna sobre la ejecución de 81 presos el sábado en Arabia Saudita. No hace falta mucho esfuerzo para imaginar la reacción en Washington si el ejército ruso hubiera ejecutado a 81 prisioneros de guerra en Ucrania alegando que eran “terroristas”.