El tráfico de influencias, la intervención del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta y la falta de voluntad del Poder Judicial mantienen el entramado legal que impide el reinició de actividades en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
“Fue una triste noticia el sobreseimiento porque deja las cosas como si nunca se hubieran presentado”, afirmó el abogado David Granados Cervantes.
El representante legal de la Colectividad UDLAP -beneficiarios de la Fundación UDLAP- calificó como una “confusión” el dictamen del Juez Tercero de Distrito que sobreseyó el Juicio de Amparo que determinaría la reapertura del campus de San Andrés Cholula.
Explicó que tras la medida cautelar dictada el 24 de junio de 2021 por el Juez 24 de lo Civil, las instalaciones fueron tomadas cinco días después. Viene el Juicio de Amparo ante el Juez 60 de lo Civil, que se declara competente por ministerio de ley para seguir conociendo las medidas cautelares.
“En este momento jurídico cesa la competencia del Juez 24 pero dentro del Amparo solicitan que, como autoridad ordenadora, él sea quien restituya y cumpla la sentencia provisional por el momento y ahora la definitiva”.
A pesar de lo anterior, “el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo está obligando al Juez 24 a que cumpla con esa suspensión, por lo cual abrió ilegalmente otro expediente y declina su competencia para el Juez 60 de lo Civil ¡pero en otro expediente! Ya no en el 142 donde se llevaba sino en el 516”.
La confusión del Juez Tercero radica en la diferencia entre ambos expedientes.
En el primero hay cuatro demandantes: La Junta de Asistencia Privada, la Junta para el cuidado de las Instituciones de Asistencia y los patronatos espurios de las fundaciones Mary Street Jenkins y Universidad de las Américas Puebla.
En el segundo expediente, dos actores: Los dos patronatos reconocidos por el gobierno del estado. En ambos, promovidos ante el Juez 60, los demandados son los integrantes de la familia Jenkins de Landa.
“Al no coincidir las partes, el Juez Tercero de Distrito no pudo aceptar la competencia y es donde se da el desistimiento y con un plumazo alargan el conflicto dos o tres meses más”, aseveró Daniel Cervantes Granados.
El abogado destacó otra situación extraña. En los últimos días, el mismo Juez emitió autos para el cumplimiento de la suspensión definitiva, es decir la reapertura del campus, por lo que debe aclarar los alcances del sobreseimiento.
David Cervantes insistió en la facultad del Juez Tercero para entregar directamente el campus ante demoras en el cumplimiento de las suspensiones.
Aquí la entrevista completa.
