La Auditoría Superior de la Federación encontró anomalías en el uso de 407 millones 795 mil 405 pesos por parte del gobierno de Puebla, de acuerdo con su tercera entrega de la fiscalización de la cuenta pública 2020.
De ese monto, la Auditoría Superior detectó un probable daño patrimonial de poco más de 268 millones de pesos en la gestión de Luis Miguel Barbosa Huerta, precisando que hubo un probable daño patrimonial por irregularidades en nueve contratos en los que intervinieron las secretarías de Planeación y Finanzas, de Turismo, de Bienestar, de Seguridad Pública y la Universidad Tecnológica de Puebla.
La dependencia también encontró un daño patrimonial por 12 millones 491 mil 118.78 pesos por el cobro de multas a empresas que no entregaron obras a tiempo y que se pagaron con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
La Auditoria Superior encontró la misma irregularidad en el pago de 2 millones 320 mil 622.30 pesos por servicios de impermeabilización, con recursos de dos fondos federales distintos, para los mismos Centros de Salud en un período de seis meses.
Esta misma situación se presentó en el caso con el pago en exceso de médicos y auxiliares de enfermería y la falta de seis contratos para la adquisición de medicamentos que debieron ser entregados de manera gratuita.
La Auditoria Superior de la Fedeación también ay comprobatoria del uso de 99 millones 423 mil 21.47 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas que fueron pagados con fecha posterior a los tiempos establecidos
