Jazmín Hernández
“Reportear en el abismo, tener un pedazo de voz, lo suficiente para decirle al lector que también esto es la vida”, fueron las palabras de Javier Valdez Cárdenas en el prólogo de su compendio de reportajes titulado “Narcoperiodismo: La prensa en medio del crimen y la denuncia” en 2016. En mayo de 2017 fue asesinado frente a su semanario Ríodoce.
Por este caso solo hubo un detenido sentenciado a 32 años de cárcel, ¿y después? Después, nada. La vida siguió su curso, su ejemplo y el de Miroslava Breach -otra periodista asesinada en marzo de ese mismo año- fue seguido en la denuncia de las injusticias que se viven a lo largo y ancho de este país, esas injusticias que también castigan brutalmente a aquellos que pretenden darle voz a los desamparados.
Después nada, silencio de las autoridades y más asesinatos. Este año cuatro periodistas iniciaron el conteo: José Luis Gamboa Arenas, Alfonso Margarito Martínez Esquivel, Lourdes Maldonado y se suma Roberto Toledo en Michoacán, el gremio vuelve a alzar la voz en exigencia de un mecanismo que proteja a periodistas de manera oportuna.
En 2021 siete periodistas fueron asesinados en el ejercicio de su labor en nuestro país, la cifra de violencia en todos los sectores se ha disparado sin que el gobierno tome cartas en el asunto, mas que las risibles estrategias de “Abrazos no balazos” y “acusarlos con sus mamás” que no han dado resultados.
Sin que nada se resuelva todo ha quedado en la promesa de que habrá justicia, tal vez la divina, porque no hay mucho para dónde mirar.
De acuerdo con datos oficiales, de 2000 a la fecha, 28 periodistas han sido privados de la vida solo en el mandato de Andrés Manuel López Obrador, la espiral de violencia e impunidad sigue creciendo; hace pocas semanas, medios locales daban cuenta de una amenaza velada en palabras del gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, ante la insistencia de los medios de comunicación y activistas en el caso del bebé encontrado en el penal de San Miguel.
Esa es la clase de respuesta al gremio ante preguntas derivadas de la búsqueda de la verdad para informar a la población, indagar en cualquier caso genera incomodidad y la acción expresa de amenazar, violentar.
¿Después? Después todo, no se puede seguir ejerciendo en la impunidad, a oscuras y con el temor de que una oración, una pregunta, una nota, sea el puntal de la muerte, es necesario que el gobierno y todas las autoridades tomen su papel, no solo contra lo que ocurre a los periodistas sino a toda la población.
El narcotráfico y la delincuencia organizada toman más parte en las decisiones del país que quienes se supone nos gobiernan y cuidan como ciudadanos. Un cambio es necesario, de lo contrario la pluma ensangrentada seguirá escribiendo, y eso sí, escribir y dejar sentado lo que pasa en México es tarea de todas las plumas, de todas las voces que siguen vivas.
