Silvanna Mortera
La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), centro universitario de índole privada que ha convertido a la zona de Cholula en uno de los espacios más atractivos para la educación superior, desde el 2020 se ha visto envuelta en problemas legales que han cobrado hasta el momento: la toma de las infraestructuras por las instituciones del Estado a través de un juicio de lesividad, la remoción del patronato por uno impuesto por el gobierno de Puebla, la detención de procesos de graduación de los estudiantes y por ende la impartición de clases.
¿Cuál es el trasfondo de tal lío? ¿Por qué intervino el Gobierno de Miguel Barbosa Huerta, Gobernador de Puebla, en un proceso legal familiar?
De acuerdo con documentos oficiales publicados por Proceso, los intereses de Barbosa Huerta en el pleito legal que protagonizan los herederos de William O. Jenkins, son 720 millones de dólares. Los informes exhiben que Huerta se encuentra siguiendo una estrategia elaborada por la firma de abogados del panista Roberto Gil Zuarth, misma que presuntamente lo hará obtener tal fortuna de la Fundación Mary Street Jenkins, incluyendo la Universidad de las Américas Puebla.
El monto representa el valor del patrimonio de la fundación. Incluidos 18 inmuebles, acciones de 3 empresas (entre ellas, la UDLAP), un helicóptero, pinturas, esculturas, obras de arte, mobiliario, automóviles, etc.
El despacho “Accuracy Legal & Consulting, SC” de Gil Zuarth, alentó al gobierno poblano a apoyar a Guillermo Jenkins de Landa en el pleito legal que inició en el 2016 contra su madre y hermana (miembros del patronato), a quienes acusa de desviar el patrimonio de la fundación. Además de instarlo a lanzar las instituciones del Estado contra ellos mediante un “juicio de lesividad”.
He ahí la razón de que Barbosa culpara a los integrantes del patronato de saquear 720 millones de dólares de la fundación. Después, los destituyó en abril del 2021 y designó a su propio patronato. Por último, en junio, lanzó a la Policía Estatal a tomar las instalaciones de la UDLAP (también sede de la FMSJ), que desde 2017 estaba embargada por el Sistema de Administración Tributaria por un crédito fiscal de 650 millones de pesos.
Por lo que en agosto la FMSJ denunció públicamente que Zuarth había diseñado la estrategia de persecución política contra el patronato para apropiarse de la UDLAP.
Sin embargo, la codicia por la colosal fortuna de la Fundación y la Universidad, no queda ahí. Pues también ha traspasado el ámbito estatal con la participación directa del Fiscal Gertz Manero y de su colaborador Juan Ramos López, (subprocurador especializado en investigación de delitos federales). Estos mismos, en junio de 2020 reabrieron una carpeta de investigación contra los integrantes del Patronato de la Universidad, que la anterior FGR, había archivado por no ejercicio de la acción penal en el pleito legal.
Respecto a los pleitos familiares, a partir de 2009 los herederos empezaron a sacar el enorme patrimonio del FMSJ de Puebla. La primer parte fue enviada a una entidad creada en Aguascalientes. Denominada Fundación bienestar de Filantropía y que años más tarde trasladaron a Guadalajara. Posteriormente, fue enviada al paraíso fiscal de Barbados.Y en 2015, fue enviada a Panamá bajo el nombre de Fundación para el Desarrollo Latinoamericano.
Guillermo Jenkins de Landa ha sostenido que a través de estas operaciones, sus familiares perpetraron la más grande defraudación cometida en perjuicio de las beneficencia privada en la historia de este país.
Por su parte, la FMSJ, ha denunciado de manera reiterada que el Gobierno de Puebla busca expropiar su patrimonio.
Tras meses de polémica, en agosto del año pasado, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, solicitó a Santiago Nieto Castillo, (entonces titular de la UIF) que analizara el tema de la Fundación. Este mismo entregó al mandatario un estudio que, además de señalar el conflicto de intereses de Gertz (su rival en el gobierno), daba la razón a los herederos de William O. Jenkins contra su hermano.
Por lo que, ante la complejidad y la sensibilidad de este tema que involucra a un Gobierno morenista y exhibe (una vez más) las maniobras de altos funcionarios de la FGR en un tema personal, el 6 de octubre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en voz del ministro Juan Luis González Alcántara, atrajo el caso a petición de los Jenkins.
Claramente, Huerta aprovechó la disputa legal entre los integrantes de la familia Jenkins de Landa para expropiar el patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins. Y es que además del desestimiento gubernamental, ninguna autoridad estatal educativa ha intervenido en el cierre del campus, que cumple ocho meses este 1 de marzo.
También está claro que poner en riesgo el prestigio de Puebla como ciudad univesitaria y ahuyentar futuras inversiones privadas no está dentro de sus preocupaciones.
Todo indica que Miguel Barbosa Huerta está más que interesado en el caso de la UDLAP por la jugosa herencia que puede ganar; mientras, seguirá el conflicto con la Fundación. Veamos si gana el conflicto el poder o la verdad.
