Por Leticia Montagner
El panorama del agua en México es aterrador. Desde la década de los 80s, el país no ha pasado de ocupar el sexto lugar mundial en superficie agrícola incorporada a sistemas de riego.
Además, estas zonas aportan anualmente alrededor del 50 % de la producción de alimentos, pero la demanda actual exige la importación de maíz, frijol, arroz, trigo y soya.
Desde la década de 1980, la construcción de grandes obras de almacenamiento de agua para riego en México, dejó de ser prioritaria debido a la reducción paulatina de inversiones del Gobierno Federal y de particulares.
Asimismo, una rehabilitación diferida de los sistemas de riego y presas de almacenamiento, lo cual provoca desperdicio del líquido, la poca incorporación de tecnologías modernas de distribución y efectos adversos del cambio climático de las últimas dos décadas, ponen en serio riesgo el sistema productivo de alimentos en poco más de 6.1 millones de hectáreas en el territorio nacional.
En el país operan 80 Distritos de Riego, que atienden 3.7 millones de hectáreas y unidades de riego que aprovechan el agua subterránea, con cobertura de 2.4 millones de hectáreas. En los distritos el promedio de eficiencia en el uso del agua, no llega al 40 %, lo cual indica un desperdicio de agua almacenada –cuyo metro cúbico ya captado tiene un valor alto—, por alrededor del 60 %.
Este fenómeno se explica por la gran cantidad de distritos de riego que utilizan el sistema de distribución por inundación de las parcelas, con el consecuente desperdicio por filtración y evaporación.
Sin embargo, en los sistemas de riego que utilizan de agua del subsuelo, se da un esquema de alta eficiencia como efecto de inversiones en equipos de distribución puntual, con sistemas presurizados, tanto de riego por aspersión como por goteo.
Por otra parte, los pequeños productores con superficies de menos de 10 hectáreas en condiciones de temporal, tanto propietarios como ejidatarios y comuneros en todo México, se han visto mucho más afectados por la irregularidad del régimen de lluvias, derivado del cambio climático.
Además, por la inconsistencia de los servicios institucionales de apoyo, tanto para la preparación de tierras como para el uso de insumos modernos, fertilizantes y semillas fundamentalmente, a lo que se añade una política de precios de sus productos que no termina de definirse por la falta de una estructura gubernamental que fue desmantelada por el actual gobierno de servicios al campo.
Desde hace más de tres décadas, el Gobierno Federal abandonó el interés de realizar nuevas obras de infraestructura hidráulica, dar mantenimiento a las existentes y delegar en cierta medida estas obligaciones a los usuarios, sin radicar los recursos suficientes para esos efectos, de manera que existe un déficit que se acumula, estimado por técnicos en unos 30 mil millones de pesos.
En resumen, los retos de aumentar los índices de producción y productividad en zonas que cuentan con agua para riego, están determinados por el cambio de sistemas de uso del agua por esquemas que garanticen su uso eficiente; la promoción de cultivos que garanticen la autosuficiencia alimentaria; abatir el rezago en la incorporación de nuevas áreas al riego y borrar ese desperdicio de agua en una distribución del vital líquido que evite el desperdicio por filtración y evaporación, derivados de técnicas obsoletas en uso del agua.
Es necesario hacer hincapié en la necesidad de devolver a las presas del país, su capacidad de almacenamiento, perdido por la falta de obras de rehabilitación y azolve cada temporada de lluvias. Es decir, les ingresa una cantidad extraordinaria de materiales de todo tipo, incluso automóviles que son arrastrados por las crecientes de los ríos alimentadores.
Son cerca de 140 embalses en todo el país dedicados en su mayor parte al almacenamiento de agua para riego, de muy diversos tamaños, que iniciaron su construcción a partir de 1926 cuando el Gobierno Federal creó la Comisión Nacional de Irrigación y posteriormente en 1947 cuando se creó la poderosa Secretaría de Recursos Hidráulicos, desaparecida en 1976.
En los últimos años el cambio climático se ha convertido en uno de los componentes en la modificación de climas y uso de las superficies en función de su disponibilidad de recursos naturales. Estudios de investigadores y técnicos en estas materias, afirman que el territorio mexicano experimenta un cambio orientado al deterioro de las diferentes regiones ecológicas.
Se da el ejemplo de que, en la región norte de la República Mexicana, el clima es cada vez más seco. La presencia de lluvias experimenta una escasez progresiva, misma que conduce hacia la desertización. El desierto de Chihuahua no ha dejado de avanzar en estados circunvecinos de la entidad más grande de México, y ya llega hasta Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.
En total, son más de 100 millones de hectáreas de aproximadamente 200 millones que integran el territorio nacional, las que presentan algún grado de desertización, sin que este problema se enfrente con la decisión que merece la conservación de los recursos naturales y la vida del mundo en el futuro.
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