Recientemente la organización civil Reinserta informó sobre el hallazgo del cuerpo de un bebé de tres meses en un contenedor de basura en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso), en San Miguel.
El hecho rápidamente acaparó los reflectores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que determinó ejercer su facultad de atracción e iniciar la investigación de los hechos.
La CNDH, además, solicitó medidas cautelares al subsecretario de Centros Penitenciarios del estado de Puebla y a la Unidad Especializada de la Fiscalía General de la entidad, a fin de que se colabore con la investigación que permita esclarecer lo ocurrido, se garanticen los derechos humanos y se refuercen los controles de vigilancia, revisión e ingreso en el penal.
El penal de San Miguel ha sido, durante años y años, un foco rojo. No hace mucho se denunció que, incluso, se construían cuartos dentro del recinto que rentaban a los reclusos para fiestas y ejercicios de prostitución.
De acuerdo con Reinserta, el bebé de tres meses habría sido asesinado dentro de la cárcel cuando ingresó en una visita familiar y fue un interno quien se percató de los hechos y notificó a las autoridades para que se encontrara al pequeño. Presuntamente, el menor fue hallado con una incisión abdominal.
El Gobierno del estado poco se ha preocupado por terminar con el autogobierno del penal. ¿Actuará en este caso?
