Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que la denuncia interpuesta con anterioridad por la Cámara de Diputados, misma de la cual se desistió, y que iba contra 6 consejeros electorales por posponer la consulta de revocación de mandato, no era más que la intención misma de utilizar el “brazo penal del Estado para amedrentar y amenazar” a quienes “son vistos como adversarios”.
Y es que, la denuncia iba en contra de seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), misma que fue impuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad tras la decisión de posponer la consulta de revocación de mandato.
La denuncia fue entregada el pasado 23 de diciembre por personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la FGR.
“Se pretendió usar el brazo penal del Estado para amedrentar y amenazar a miembros de un órgano del mismo Estado por el hecho de que piensan distinto”, dijo Córdova en su mensaje que publica los domingos en sus redes sociales, y agregó: “es grave que en una democracia se pretenda utilizar el aparato de justicia para amedrentar a quienes son vistos como adversarios”.
El funcionario enfatizó el hecho de que, si bien la Cámara de Diputados desistió de la denuncia, “las denuncias penales contra los servidores públicos se persiguen de oficio y hoy siguen su curso”.
“La presión de académicos, incluso el mismo presidente, obligaron a quien preside la Cámara de Diputados a rectificar, sin embargo, las denuncias penales contra los servidores públicos se persiguen de oficio y hoy siguen su curso ante la FGR, ojalá pronto se enmiende el error sobre esos delitos claramente inexistente”, dijo el presidente del INE.
Por otra parte, fue Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, quien el pasado 29 de diciembre desistió de la denuncia penal interpuesta contra los consejeros del INE tras la decisión de posponer la consulta de revocación de mandato.
“La Presidencia de la Cámara de Diputados informa que, escuchando con pluralidad, apertura y buena fe, ha decidido tomar todas las acciones jurídicas a su alcance, para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del INE”, informó el órgano legislativo a través de su cuenta de Twitter.
