Ser periodista es… ¿condena de muerte?

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Silvanna Mortera

Desde hace ya varios años, ejercer el periodismo en México se ha convertido en una de las profesiones con más riesgo, debido a distintos motivos que amenazan la integridad de los periodistas. Mencionaré algunas con las que lidian día a día.

Las formas de violencia con las que lidian inagotablemente las y los periodistas en México van desde los bloqueos de información, que surge (ordinariamente) cuando las autoridades niegan información a los medios por razones injustificadas; la estigmatización (porque se señalan a la prensa como favorecedora de ciertos personajes, grupos u organizaciones); hasta agresiones físicas, ataques o amenazas en redes sociales, así como detenciones arbitrarias, desapariciones y hasta asesinatos.

Censurar a la prensa o asesinar a un periodista evita que la información fluya al pueblo, por ende, este usualmente no está informado. Incluso, de una manera más específica, la violencia normalizada en contra del gremio genera un ambiente cotidiano que vulnera el ejercicio periodístico.

Si bien la principal herramienta del periodismo es el ejercicio de libertades de expresión y de información. Está visto que en el cumplimiento de su deber el periodista arriesga su bienestar y hasta su vida, no solo porque se enfrenta directamente con criminales que no quieren que sus andanzas sean conocidas, sino porque a veces el enemigo tiene un disfraz de legalidad.

La cúpula poderosa no puede soportar que el pueblo esté informado sobre lo que acontece y lo que le afecta. Porque al saberlo, indudablemente este se levanta y eso no le gusta.  Por eso es que se empeñan en censurar a los medios, perseguir y amenazar a sus periodistas. Incluso, cuando para ellos es necesario, quitarles la vida.

Y es que, aunque existe un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, los datos no son actualizados en instancias gubernamentales oficiales. Solo organizaciones independientes defensoras de los derechos humanos se encargan de censar los crímenes, dar voz y exigir justicia por aquellos que ya no están.

Por su parte la Federación Internacional de Periodistas asegura que América Latina es la región más peligrosa para ejercer la profesión del periodismo. Además de la terrible noticia de más de 40 profesionales muertos en 2020, la organización llamó la atención sobre 235 que han sido encarcelados en 34 países.

Por otra parte, de acuerdo con el informe “Primer semestre de 2021: la violencia contra la prensa prevalece, al igual que la inacción del Estado” de Article 19,durante el primer semestre de 2021, se registraron 362 agresiones contra la prensa, lo que equivale a 1 cada 12 horas.

El informe también refleja que fueron 43 los periodistas asesinados en tres años de gobierno de AMLO.

En el primer semestre del año, 3 periodistas fueron asesinados en posible vínculo con su labor. Benjamín Morales Hernández, asesinado el 3 de mayo (Día Mundial de la Libertad de Prensa) en Sonora; Gustavo Sánchez Cabrera, a quien le arrebataron la vida el 17 de junio en Oaxaca y el comunicador Saúl Tijerina Rentería asesinado el 22 de junio en Coahuila. A la fecha también se suman los asesinatos de Ricardo López Domínguez, ocurrido el 22 de julio, en Guaymas, Sonora, y el de Jacinto Romero Flores, perpetrado el 19 de agosto en Ixtaczoquitlán, Veracruz.

La CDMX es el estado con más ataques reportados a periodistas en el 2021. Con 64 agresiones lidera la lista. En segundo lugar, encontramos un empate entre Tamaulipas y Quintana Roo con 23, les sigue Puebla con 22, Guerrero con 21 y Baja California con 19.

Además, de acuerdo con el informe titulado “Democracia simulada, nada que aplaudir”, la ONG Artículo 19, documentó 507 agresiones a periodistas en 2017, incluyendo 12 asesinatos y una desaparición forzada, lo que, desde entonces, ubica a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina. También declaró que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se documentaron 1986 agresiones, lo que lo convirtió en el sexenio más violento contra la prensa.

De acuerdo con esta instancia, de 176 averiguaciones solo en 17 casos hubo una sentencia condenatoria. Es decir, que la impunidad en este tipo de delitos es el 90%. Sin embargo, de esos casos resueltos la mayoría sólo apunta a los autores materiales, quizá solo un par hacia el autor intelectual.

México, ¿encaminado a un país sin periodismo?

Teniendo en cuenta las cifras de asesinatos, desplazamientos forzados y atentados en contra del periodismo mexicano. Mismas que claramente incrementan con el paso del tiempo, es útil preguntarnos: ¿en algún punto México será un país aniquilador de periodistas?, la pregunta suena un poco extremista tal vez. Pero indudablemente para allá va. Cientos (si no es que miles) de periodistas han muerto por llevar la verdad al pueblo, muchos otros siguen tocando puertas buscando protección. Como es el caso de Emilio Gutiérrez Soto, quien duró muchos años peleando asilo político en tribunales de Estados Unidos, luego de que un reportaje suyo sobre vínculos del crimen organizado con el Ejército lo obligara a escapar por su cuenta.

Y es que de los mecanismos que implementa el Estado Mexicano para la “protección” de estos, existen dos niveles: estatal y federal. Lamentablemente, muchos periodistas temen del primer nivel pues los escoltas designados para protegerlos pertenecen a los policías locales mismos que generalmente están infiltrados por el crimen organizado. Además, la unidad solo les da escoltas y, en casos graves, los saca de su localidad o del país. Pero sin redes de apoyo ni trabajo, tampoco se ocupan de las familias, por lo que los periodistas y activistas terminan como desplazados.

Y con justa razón temen. El informe de Article 19 también revela que los agentes del Estado son quienes más agreden a la prensa. En este primer semestre de 2021, cometieron 134 agresiones, esto es el 37.33% del total. En particular, las personas funcionarias públicas civiles fueron señaladas como perpetradoras de 83, seguidas de elementos de las fuerzas de seguridad civiles con 46, y de elementos de fuerzas armadas (como el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional) con 5.

Destaca en el primer semestre la coyuntura electoral como la principal cobertura de riesgo, pues integrantes de partidos políticos atacaron a la prensa en 56 ocasiones. Por su labor, para los agresores la prensa se vuelve en un objetivo a silenciar y censurar en elecciones, por el costo político que pudiera implicar para quienes compiten por un cargo público.

“No hay que olvidar que la violencia contra la prensa perpetrada por gobernantes y aspirantes al gobierno contraviene estándares de libertad de expresión, por un lado y por el otro incumple con las obligaciones del Estado de garantizar la prevención y la protección de la prensa”, se lee. 

Otra cuestión de suma importancia es la división del trabajo. Aquellos que nunca (o casi nunca) discuten son los editores y los directivos quienes, al asumirse voceros de los medios para los que trabajan, no pueden pronunciarse públicamente sin autorización del dueño.

Y otra categoría que genera divisiones tiene que ver con los periodistas afines al sistema, que consciente o inconscientemente realizan funciones orgánicas y descalifican a otros acusándolos de radicales. Desgraciadamente quienes están en la segunda categoría son los más expuestos y quienes están en la primera tienden a ser los privilegiados o los de mayor jerarquía.

En mi universidad, tengo una clase que, al finalizar, siempre nos hacen plantearnos la pregunta: “Y tú: ¿servirás al sistema o vas a criticarlo?”, yo le agregaría una más si es que lo criticarás: ¿aunque te cueste la vida?

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