Puebla, Puebla. En el primer trimestre de 2020, es decir, en el inicio de la pandemia de la covid-19, la informalidad laboral en Puebla pasó de 66 por ciento de la población ocupada, a 72.4 por ciento en el mes de octubre, tendencia que se mantendrá con la Ley de Ingresos propuesta para el 2022 y la Miscelánea Fiscal.
De acuerdo con el análisis “Sin incentivos fiscales, las personas seguirán en la informalidad”, Anselmo Salvador Chávez Capó, investigador de la Licenciatura en Administración Financiera y Bursátil de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), en el territorio poblano, de cada 10 personas que están ocupadas, siete no tienen prestaciones ni seguridad social; mientras que tres cuentan con algún contrato y seguridad laboral.
Según las estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el 72 por ciento del total de hombres ocupados, están en la informalidad; mientras que, del total de mujeres, 73 por ciento se encuentran en la misma condición.
El investigador de la Upaep destacó que la Ley de Ingresos para el 2022 y la Miscelánea Fiscal, son dos temas que provocan más confusiones que soluciones y claridad para los contribuyentes; además, no existen mecanismos para reducir la informalidad.
Cada año en materia fiscal, la miscelánea causa inquietud entre los contribuyentes, y al final, siempre pasa lo mismo, los causantes cautivos se mantienen como la base de los ingresos porque son quienes han estado pagando sus impuestos, apuntó. Anselmo Chávez Capó, académico de la Licenciatura en Administración Financiera y Bursátil de la UPAEP, resaltó que si se consideran que las acciones como la obligatoriedad del Registro Federal de Contribuyentes ayudarán a tener una mayor captación de impuestos, la respuesta es no.
“El hecho de que se tengan registradas a las personas no va a generar mayores ingresos. Esta situación eventualmente podría estresar el sistema porque se va a migrar de captar 30 millones de registros a 83 y eventualmente 90 millones de registros, que a final de cuentas estarán en una base de datos en donde en algún momento no tendrá ninguna utilidad hasta el momento en que la persona comience a percibir ingresos y se vea obligada a reportar sus movimientos”, apuntó.
Ante la situación actual, el investigador resaltó la necesidad de que el gobierno establezca mejores estrategias para invitar a la gente a que se registre de manera formal, más que obligar a los jóvenes a inscribirse al RFC.
