El presidente de la comisión de Justicia, Roberto Solís Valles, presentó una iniciativa al pleno del Congreso del Estado para aumentar la pena a servidores públicos y ciudadanos que comentan algún delito contra el medio ambiente.
Entre las propuestas del diputado morenista está reformar los artículos 198 sexies, 198 septies del Código Penal, disposiciones de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, el artículo 179 de la Ley de Protección Ambiental y el artículo 95 de la Ley para la Administración, Enajenación y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extintos.
En conferencia de prensa, el diputado local señaló que la tala clandestina es la tercera fuente de ingresos de los grupos criminales, por lo que resulta un negocio redituable para los delincuentes que operan con impunidad amenazando a las autoridades municipales.
Pidió al Gobierno del Estado aprovechar la renovación de los 217 ayuntamientos, para iniciar con un trabajo coordinado con la intervención de la SEMARNAT, Profepa, Secretaría de Seguridad Pública Estatal, y corporaciones regionales de seguridad.
Solís Valles ,explicó que, si bien el delito de tala clandestina se realiza en varios municipios del interior del estado, los considerados focos rojos por su ubicación y malas prácticas son Santa Rita Tlahuapan, Coatzingo, y San Felipe Teotlalcingo.
Por último el diputado dio un estimado de las multa para ciudadanos que cometan delitos contra el medio ambiente que serán 30 a 2000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y podría aumentarse de 100 a 3000 veces dando un total de ocho mil 962 pesos hasta 262 mil 860 pesos.
La sanción para servidores públicos será más rigurosa pues se propone aumentar multa económica de 300 hasta 1000 UMAS, lo que equivale a 89 mil 620 pesos y en cuanto a la pena de cárcel aumentará de tres años a cinco años y el funcionario será inhabilitado durante ese mismo periodo.
