Aquiles Montaño Brito
El Sol de Puebla del 8 de octubre tituló así su portada: “Corrupción en grúas, en mira del gobierno”. La nota dijo lo siguiente: “La mayoría de las grúas en el estado son piratas y muy pocas tienen permiso, al igual que los corralones, declaró el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien anunció que a finales de este mes propondrá una nueva ley de transporte para eliminar “los vicios” en este gremio”. (…) Barbosa Huerta agregó que los altos costos y todas las irregularidades que aborda este tema también tiene que ver con la corrupción que se da entre policías, pues ellos son los que deciden que grúa acude cuando hay incidentes de tránsito. Es decir, los elementos “llaman a sus amigos” y la mayoría de sus amigos elevan el cobro porque se comparten este dinero”. Más adelante, el gobernador afirma que “hay organizaciones que se pusieron a comprar cientos de grúas y solo las pintan y las ponen a funcionar”. Y todo este desastre, dice el gobernador, “es un negocio salvaje” (Diario Milenio del mismo día).
Para proponer al Congreso del Estado una reforma a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla para regularizar la operación de grúas y corralones, el gobernador dijo que las grúas antorchistas son las beneficiarias de ese “negocio salvaje”, para dejarle el espacio libre a las grandes empresas. Es una alianza de la política y el dinero.
El gobernador sostiene que la mayoría de las grúas en Puebla son “piratas” y que “muy pocas tienen permiso” para operar. Para que cualquier ciudadano o empresa pueda contar con un “Título con concesión” otorgado por la Secretaría de Movilidad y Transporte para el arrastre y depósito de vehículos (ser un grullero), es obligatorio cumplir con los requisitos. Pero en Puebla, la verdad es que nadie tiene permiso para operar las grúas, debido a que el gobierno no ha revisado que todos cumplan con esos requisitos porque apenas está regulando a los corralones. El gobernador miente cuando afirma que “muy pocas tienen permiso” porque defiende a sus amigos empresarios de grandes negocios de grúas. Nadie tiene permiso dados los excesivos (y caros) requisitos que ahora pide el gobierno y que nadie puede cumplir, como veremos más adelante.
Según el gobernador, entre el policía y el grullero hay una confabulación porque el policía, en un accidente de tránsito, llama a “sus amigos” grulleros y entre ambos “elevan el cobro porque se comparten ese dinero”. Esto también es una mentira. El año pasado entró en vigor la reforma al artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para que la Secretaría de Movilidad regulara los cobros de las grúas. Esta ley impide que cada quien cobre lo que se le da la gana. Además, desde hace muchos años, la ley obliga a la Secretaría de Seguridad Pública a hacer un rol de trabajo de todas las empresas de grúas en el estado, rol que nadie puede burlar o no obedecer. Esto implica que, en un incidente de tránsito, la policía está obligada a pedir una grúa a la central y esa central le ordena a la empresa que le corresponde trabajo ese día que vaya a hacer un servicio. La policía no puede, pues, llamar “a sus amigos”, como dice el gobernador.
El gobernador dice que hay organizaciones que compraron grúas y que las pusieron a trabajar en el “negocio salvaje”. Falso, una vez más. Los grulleros que pertenecen al Movimiento Antorchista han sido los más insistentes en la regulación de los costos. Un boletín publicado el 16 de febrero de 2012 (consultable en internet) se tituló “Grúas antorchistas piden regular costos”. Y dice así: “La homologación de los costos por los servicios que brindan las grúas terminaría con los altos costos que realizan las diferentes empresas de este sector aseguró el presidente de la agrupación de Grúas Unión Antorchista, José Horacio Cerón Espinoza (QEPD). Por tal motivo, desde abril del año pasado [de 2011], hicieron llegar un oficio a la Comuna para registrar los costos. Nosotros, como empresa, tenemos permisos para ofrecer el servicio, porque hemos acreditado nuestras licencias, tarjetas de circulación y pólizas de seguros. (…) Somos los únicos en sujetarnos a cobrar lo que se marca en la Ley de Ingresos”. En una nota publicada el 18 de mayo de 2017, el mismo exlíder de las grúas sostuvo: “Las grúas no son de Antorcha ni son un negocio millonario. (…) Mucha gente le pone números a nuestro trabajo [como ahora lo hace el gobernador], pero los millones de pesos que nos dice Iván Galindo [otro enemigo antorchista que cobraba con empresas grandes para golpearnos mediáticamente] resulta que no generan más de 6 mil 400 pesos por cada trabajador. Las grúas no son de Antorcha, son nuestras”. El Heraldo de Puebla, el 16 de diciembre de 2019, publicó que “Antorcha no recibe ni un peso de las grúas. El término ‘grúas antorchistas’ es un término inexacto porque somos un grupo de particulares adheridos a Antorcha, es decir, las grúas no son de Antorcha, explicó Luis Fernando Coba Trujillo, operador en Grúas Ghanto. En este contexto, aclaró que Antorcha no recibe ni un peso”. Dijo además que “es absurdo que se trate de un negocio millonario como lo afirman algunos medios informativos; es un trabajo que apenas nos da para comer, pues de cada unidad dependen dos o tres familias. [Nosotros, dijo] hemos luchado durante años para que se regulen los precios para todas las empresas”. Una vez más, se desmiente al gobernador.
Miguel Barbosa le sirve a las grandes empresas de grúas y quiere eliminar a todo aquel que les estorbe en su crecimiento, o sea, a los grulleros pequeños. Así, en un golpe final contra los grulleros antorchistas, el 13 de septiembre de este año el director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Fernando Loranca Huidobro, sacó del rol de trabajo a las grúas de los choferes afiliados a Antorcha. ¿Bajo qué razones? ¡No dio explicaciones! Pero sabemos, porque así nos lo han dicho personajes del gobierno, que el señor “tiene la tarea de chingarse a Antorcha”. Pregunto: ¿quién le habrá dado esa tarea? Sigamos. Por algunos acuerdos con otras empresas, los choferes antorchistas pudieron seguir trabajando con sus unidades algunos días más. Esto, obviamente, no le gustó al gobierno. Así que, para terminar de una vez por todas con el problema, el gobierno ordenó, el 30 de septiembre, clausurar de inmediato los corralones de Grúas Ghanto, Federales y Unión.
La clausura la realizó la Secretaría de Medio Ambiente, sin previa notificación y a sabiendas de que no podríamos cumplir con algunos requisitos que exigen por lo costoso que resultan, pero lo cierto es que ninguna empresa los puede cumplir por la misma razón. Hasta 2019, los corralones cumplían con los requisitos exigidos por el gobierno, porque eran racionales. Esto lo confirmó un exregidor de Morena en la capital poblana, llamado Edson Cortés Contreras, en una nota publicada por El Sol de Puebla el martes 23 de abril de 2019: los corralones, “tienen la obligación de estar cercados” y “con alumbrado y contar con sistema de video, además de tener piso compactado sin que necesariamente esté pavimentado con asfalto o concreto hidráulico”. Curiosamente, dice la nota, el corralón de la Unión Antorchista “cumplió con las disposiciones oficiales”. Pero ahora, ninguna empresa puede cumplir las nuevas exigencias pedidas desde enero de 2020 por el gobierno, porque piden una “Póliza de seguro de responsabilidad por daños a terceros” en el artículo 43 de la nueva ley que implica un seguro para cada uno de los autos ahí resguardados y que nadie, ni la empresa más grande, puede pagar porque, para que lo entendamos, es como si un estacionamiento público tuviera una póliza de seguro para cada auto que entra ahí. Eso, se entiende, es imposible hacerlo. Este artículo 43 ninguna empresa lo ha cumplido y, por lo tanto, ninguna puede ser concesionaria y ninguna puede tener, bajo la autorización de la Secretaría de Movilidad y Transporte, un “Título de concesión” para sus grúas.
Y, la pregunta es: ¿Por qué solo se aplica esta “ley” contra Antorcha? Porque el gobierno estatal, con la nueva reforma a la ley que enviará al Congreso, pretende favorecer a las grandes empresas y deshacerse de los pequeños grulleros. Algunas de esas grandes empresas son Continental o Doama, cuyos dueños, que son hermanos, tienen nexos y ligas con Morena. ¿Y nos dejaremos? ¡Claro que no! Antorcha volverá a las calles a exigir justicia y con propaganda denunciaremos, una vez más, lo absurdo de las “leyes barbosistas” y a quiénes le sirven estas: a los cuates del gobernador.
