Aquiles Montaño Brito // @soyaquiles1
Las masacres, las desapariciones de gente, los asesinatos violentos y la violencia generalizada que padece México, y que nadie en el gobierno haga absolutamente nada para frenar esta ola de sangre, ha llevado a muchos analistas a sostener que la política mexicana está infiltrada por el crimen organizado. Vivimos, nos dicen, en un ‘narcoestado’, organizado por un ‘narcopartido’: Morena.
En cada estado, este problema toma sus particularidades. En Puebla, el miércoles 22 de septiembre detuvieron a Sandra Nelly Cadena Santos, diputada suplente de Morena. Reforma del 24 de septiembre, en su portada, tituló así la nota: “Vendía diputada morenista pistolas, Barret, granadas…”. En el texto dice: “Entre las armas encontradas a la diputada morenista de Puebla, Sandra Nelly Cadena Santos, y a su esposo, un expolicía federal, había una Barret, un fusil usado por cárteles del narcotráfico y que usa balas calibre .50 capaces de penetrar blindajes. (…) La legisladora ha sido vinculada a Ignacio Mier Velasco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados”. No sólo eso: “Homicidio doloso en grado de tentativa es otro de los delitos que enfrentan la diputada local suplente de Morena, Sandra Nelly Cadena Santos, y su esposo, Jesús Portilla García, ex policía federal, quienes fueron enviados a diversos reclusorios de la entidad, luego de que se calificara de legal su detención”, reporta el portal e-consulta.com.
Cadena es del grupo de Ignacio Mier, estrella de López Obrador en la Cámara, aunque él prefiere decir que no la conoce. De ese grupo ya hay personas con escándalos. Primero fue el exdiputado Saúl Huerta, acusado de abuso sexual infantil y ahora preso.Cuando al diputado le preguntaron por las acusaciones contra Huerta, contestó que “no lo hizo en su función como diputado federal”.
No son los únicos casos. Felipe Patjane, de Morena, llegó a ser presidente de Tehuacán en 2018, pero fue detenido después de que se peleara con el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien lo acusó de desviar 120 millones de pesos. Ahora vive en la cárcel aquel político que llamó “padre político” al mismo gobernador.
En el año 2019, el gobernador se alió con el cacique de la Sierra Negra, Ignacio Salvador, cuando comenzaba la contienda extraordinaria por la gubernatura estatal, debido a que la gobernadora Martha Érika Alonso murió en un accidente de helicóptero el 24 de diciembre de 2018, aunque muchos sostienen que se trató de un asesinato. Como dice la revista buzos (No. 994): “Salvador Hernández cambió al tricolor por el guinda y se sumó a apoyar a Miguel Barbosa. Una vez gobernador, el morenista lamentaría haber “haber tratado con delincuentes”. Además de ser criticado por ganar un salario superior a 100 mil pesos, el alcalde de Ajalpan, “en marzo de 2020 fue señalado de tener vínculos con el crimen organizado, específicamente con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), esto luego que se difundió un video en el que se ve que policías de Ajalpan permiten que presuntos integrantes del CJNG secuestren a una persona. Luego de esto, el estado instruyó cateos en sus propiedades y se giró una orden de aprehensión, por lo que huyó ‘pidiendo licencia’ y dejó en su puesto a su hijo, quien era su suplente, pero este se ausentó a la semana pues también era buscado por la Fiscalía General del Estado (FGE)”.
Otros aliados de Miguel Barbosa: los caciques Celestino Rosas. Ellos son David Celestino, actual presidente de Coyomepan, Araceli Celestino, actual diputada federal por Morena, y el esposo de ella que es el presidente municipal electo de Coyomepan. Ellos han sido acusados ante la justicia de secuestro de jóvenes, ayuda para esconder a asesinos, amenazas de muerte contra políticos opositores publicadas en redes sociales y un largo etcétera. Los aliados más poderosos de los Celestino Rosas son el gobernador del Estado, Miguel Barbosa, quien los defiende diciendo que el cacicazgo no es un crimen, así como el director general de Gobierno, Julio Huerta (primo de Barbosa Huerta), quien sostiene reuniones con David y Araceli.
En Puebla, Morena y sus líderes más importantes, como el gobernador del estado o el coordinador de ese partido en la Cámara de Diputados, se han aliado, igual que AMLO, con grupos criminales. Esto lo debe saber la gente y lo debe analizar. Un gobierno ligado al crimen, poco o mucho, es un gobierno que ya se vendió y que no le va a servir al pueblo, sino a sus verdaderos patrones.
Los graves hechos políticos de Puebla no son una excepción, sino que forman parte de toda una política nacional de ese partido. Desde febrero de 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comenzó con su estrategia de la “pax mafiosa” y mandó, en los medios de comunicación, tres mensajes: Primero: “Abrazos, no balazos” para los criminales, que es la política seguida por la 4T y que justifican bajo un supuesto manto de respeto a los derechos humanos. ¿Y los criminales aplican la misma lógica? “Más de 91,000 personas son asesinadas durante el gobierno de AMLO”, titula una nota el portal de política.expansión.mx el 21 de julio. El mismo día, El Financiero dijo: “al revisar datos del INEGI, se muestra que la cifra de crímenes registrada en la 4T es la más alta para los primeros 31 meses de una administración federal. En los primeros 31 meses del gobierno de Felipe Calderón (diciembre 2006 a junio de 2009) hubo 32 mil 587 víctimas de asesinato, y con Enrique Peña (diciembre de 2012 a junio de 2015), 55 mil 103 víctimas”. Segundo: “No hay guerra (contra el narco). Oficialmente ya no hay guerra, nosotros queremos la paz, vamos a conseguir la paz”, dijo el 31 de enero de 2019. Excélsior en su nota de ese día transcribió parte del discurso: “No se han detenido a capos, porque no es esa nuestra función principal. La función principal del gobierno es garantizar la seguridad pública. Ya no es la estrategia de los operativos para detener a capos”. ¿Y no vimos justamente esto con la liberación de Ovidio Guzmán? Tercero: Cuando gobierne Morena “no van a haber masacres en México”, dijo AMLO desde febrero de 2017. El presidente entiende por masacres las ejecutadas por el gobierno… no así las ejecutadas por los criminales. Es decir, la “pax mafiosa”.
En las elecciones de este año, López Obrador felicitó a los criminales “por haberse portado bien”. La revista electrónica emeequis, del 23 de junio, sostuvo: “Cada vez surgen más testimonios de presunta participación del crimen organizado en los triunfos de Rubén Rocha Moya (Morena en Sinaloa), Alfredo Ramírez Bedolla (Morena en Michoacán) y Ricardo Gallardo Cardona (lopezobradorista en SLP). Diversas instancias (instituciones) federales han dejado correr información de que las campañas de Rubén Rocha Moya, Alfredo Ramírez Bedolla y Ricardo Gallardo Cardona fueron apoyadas con recursos provenientes del narcotráfico”. En Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles Conejo acudió a las oficinas de la Presidencia de la República, en donde no fue recibido, y después declaró: “Morena es un narcopartido, la elección de Michoacán debe anularse. Los michoacanos no queremos que regrese el narcogobierno, un gobierno impuesto por el narco”. En Sinaloa, “en abril pasado (…) Rubén Rocha Moya, entonces candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa, se reunió con “El Mayo” y recibió de este su bendición y preferencia. El 6 de junio, Rocha Moya arrasó en las elecciones. Algunos de los candidatos y partidos de oposición fueron amenazados y secuestrados”, sostiene la periodista Anabel Hernández en su columna “AMLO y las negociaciones con el narco” publicada en el sitio dw.com el 23 de junio. En SLP, nos dice Reforma el 27 de septiembre, “desde hace un año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció el presunto desvío y lavado de 724 millones de pesos por parte de Ricardo Gallardo Cardona, quien ayer se convirtió en el nuevo Gobernador de San Luis Potosí por el Partido Verde”. El viernes 24 de septiembre, la portada de Reforma dijo: “Amenaza a opositores”. Y dice así: “El Gobernador electo del PVEM en San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, advirtió que ‘no les va a perdonar’ a sus detractores las acusaciones que hicieron en su contra en campaña. Partidos opositores pidieron la anulación de la elección potosina porque Gallardo sumaba 15 denuncias que incluyen delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y uso de fondos de procedencia ilícita. En el 2015, Gallardo fue detenido y encarcelado por la PGR. Previamente, en el 2012, fue exhibido con armas largas”. El presidente de México lo defiende y dice que las acusaciones contra Gallardo Cardona son “un asunto político”.
Avanzamos. “En Sonora, donde una de las facciones más violentas de esa organización, Los Salazar, llevaba meses amenazando a Alfonso Durazo –incluso desde que era secretario de Seguridad federal–, lo dejó misteriosamente en paz. Y en el istmo de Tehuantepec, que ha estado bajo el control político del empresario Bogart Soto, a quien autoridades federales y estatales identifican como el jefe del cártel que opera en toda la región de Oaxaca y el sur de Guerrero, en los municipios que domina ganaron candidatos de Morena”, informó Raymundo Riva Palacio en su columna “El narco votó… por Morena” de El Financiero, del 15 de junio de 2021.
Por todo esto, la ciudadanía dice que toda la costa del Pacífico (Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Nayarit, Sinaloa y Sonora) quedó en poder oficialmente de Morena, pero en realidad del crimen organizado. El columnista de Excélsior Ricardo Alexander Márquez en su columna “El narcoestado mexicano”, publicada el 26 de junio, sostuvo: “Parece que existe un pacto de impunidad. Una abierta renuncia a ejercer el Estado de Derecho y perseguir al crimen organizado que hace y deshace a su antojo”.
Morena, en la campaña de López Obrador en el 2018, prometió un cambio radical para ayudar “primero a los pobres”. Era falso. Hoy, los hechos nos dicen que unos de sus verdaderos patrones “se portan bien”, según el presidente, y su política de “abrazos, no balazos” ha convertido al país en una zona de muerte sin fin, violencia y crimen. Esa es la política de Morena.
