* FGR solicitó las detenciones el 24 de agosto sin embargo el juez consideró que el caso no estaba bien sustentado.
Ante presunta creación, autorización y fondeo de una empresa privada, la Fiscalía General de la República confirmó que por tercera ocasión hará solicitud de una orden de aprehensión contra científicos, académicos y exfuncionarios del Conacyt, tras presuntamente, además de haber participado en lo primeramente mencionado, utilizaron la creación de esta empresa para ser integrantes de dicho consejo.
31 académicos son los involucrados dentro de la carpeta de investigación que abrió la FGR, fundamentada con delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.
La nueva solicitud se realizará después de que un juez federal negó girar órdenes de aprehensión contra los 31 científicos e investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
La Fiscalía detalló que el Juez de Distrito señala en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del Conacyt, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del Conacyt, lo autoriza.
“Ese criterio no es aceptable para la Fiscalía General de la República (FGR), ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del CONACYT, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio CONACYT, que son obligatorias para ellos, y que consideran al Foro como un órgano interno de esa Institución, y no permiten, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria”, señaló la FGR.
La disyuntiva surge desde el 2019, cuando tras la cancelación del financiamiento que se otorgaba al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, los ministros de la Corte determinaron que el financiamiento al Foro se realizó al amparo del marco legal que existía en aquel momento.
Conacyt acusó entonces que entre 2013 y 2018 se implementó un esquema a través del Foro para recibir alrededor de 200 millones de pesos “para el sostenimiento de una amplia plantilla de personal administrativo y de investigadores”.
Sin embargo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, informó que el presupuesto excedió lo necesario para el cumplimiento de las funciones del Foro.
Por lo que la asociación civil se defendió entonces señalando que “en el último año y medio se invirtió 0.36 por ciento en telefonía celular; 0.67 por ciento en bocadillos; 7 por ciento en servicios generales; 18.92 por ciento en servicios personales para la administración y operación, y 70.7 por ciento en el desarrollo de proyectos”.
Pese a la defensa presentada, Conacyt denunció a 31 científicos e investigadores, que encabezaban los Comités Técnicos de Administración (CTA), a través de los cuales se aprobaban los proyectos que, a su vez, se asignaban al Foro. Llegando así, al punto de disputa actual en el que se encuentran.
Respecto a las opiniones, estas no se han hecho esperar. Tal es el caso de Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien calificó de “despropósito” y de “inconcebible” la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de solicitar a un juez una orden de aprehensión contra 31 integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) por uso de fondos de procedencia ilícita.
“Un despropósito e inconcebible, la acusación de delincuencia organizada contra los académicos”, criticó el rector de la UNAM.
Y la crítica no quedó en crítica, por el contrario, este lunes se lanzó una petición en la plataforma Change.org, en la que se exige que se detenga la orden de aprehensión solicitada a un juez por la FGR en contra de los miembros del FCCyT, al considerar que se les persigue por sus “por posturas ideológicas y políticas”.
