Durante el último periodo del expresidente peruano, Alberto Fujimori, entre 1996 y 2000, unas 300.000 mujeres fueron esterilizadas forzosamente sin su consentimiento.
Como parte de Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar del Gobierno, las víctimas, en su gran mayoría indígenas quechuas de bajos recursos, sufrieron intervenciones quirúrgicas porque, según el texto, estaba dedicado a “sacar a las mujeres de la pobreza mediante una control de fertilidad”.
Las denuncias contra estos abusos se rfegistraron desde 1997, y a día de hoy, se han abierto cargos y un juicio contra el expresidente Fujimori, algunos de sus ministros y también varios de sus asesores de salud.
La presidenta de la Asociación de Esterilización Forzada de Lima, y activista de derechos humanos, María Elena Carbajal, fue esterilizada el 18 de septiembre de 1996 en un hospital.
«Ocurrió cuando iba a dar a luz a mi cuarto hijo en el hospital María Auxiliadora. Yo desconocía que estaban en esa época haciendo eso de las esterilizaciones», recuerda.
«Fue tanta la presión para someterme a una ligadura de trompas. Yo accedí pensando que me iban a devolver a mi hijo»
María Elena, que entonces tenía 26 años, cuenta que después de dar a luz fue amenazada y escondieron a su hijo. «Ese hospital ya tenía antecedentes de que los niños se desaparecían», dice.
El personal del centro insistió a María Elena para que se sometiese a una ligadura de trompas. «Fue tanta la presión (…) yo accedí pensando que me iban a devolver a mi hijo», lamenta.
