El día de ayer, el morenista Miguel Barbosa cumplió 2 años desde que asumió el gobierno.
El primero de agosto de 2019, Barbosa rindió protesta como gobernador sustituto del estado Puebla, pero a dos años de su investidura ha destacado su confrontación con políticos, empresarios y hasta rectores de universidades.
El morenista cumplió en regresar los servicios del Registro Civil a las juntas auxiliares y devolver facultades administrativas a los municipios que integran Ciudad Modelo. Sin embargo, en materia de seguridad hubo aumento en las denuncias por delitos del fuero común y el robo de gas LP, además de que cayó el índice de transparencia y rendición de cuentas.
Puebla también enfermó de Covid-19 y la pandemia se trató inicialmente con tropiezos, uno que escaló a nivel internacional fue cuando Miguel Barbosa aseguró que el virus sólo era “un riesgo para los ricos”. En la actualidad, más de 12 mil 900 muertos han dejado el coronavirus.
Barbosa Huerta ha tenido desencuentros con aliados políticos, integrantes de su gabinete, así como líderes y gobernantes emanados de Morena, como la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco.
De acuerdo con el último análisis de la consultora Aregional, con el gobierno de Barbosa Huerta cayó la calificación del estado en materia de transparencia fiscal. Según el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas 2021, Puebla registró una caída de 1.6 puntos con respecto a los 95.64 obtenidos el año anterior con respecto a esta materia.
De acuerdo con la organización Puebla contra la Corrupción y la Impunidad, el gobierno de Puebla ha incumplido sus obligaciones de transparencia o ha sido omiso en actualizarla en la Plataforma Nacional de Transparencia, además de que el gobernador no ha hecho pública su declaración patrimonial.
En materia de seguridad, los homicidios dolosos y la incidencia delictiva en general disminuyeron en el 2020, año en que inició la pandemia de Covid-19. Sin embargo, con las medidas de relajamiento y la reapertura económica, para 2021 las denuncias por delitos del fuero común aumentaron un 22 por ciento más que el año anterior.
