A unos días de que la Fiscalía de El Salvador emitiera una orden de búsqueda y captura para el expresidente de la nación, Salvador Sánchez Cerén, este viernes, las autoridades de Nicaragua nacionalizaron al mandatario y su familia.
Con esta acción, el líder izquierdista no podrá ser extraditado por la Justicia de su país, que lo investiga por malversación de fondos y corrupción, unos señalamientos que el FMLN tilda de «persecución política».
Este viernes 30 de julio, las autoridades del país centroamericano otorgaron la nacionalidad nicaragüense al expresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén y a su familia.
El exmandatario con pasado guerrillero de 77 años se convierte así en el segundo líder salvadoreño requerido por la Justicia de su país por delitos relacionados con la corrupción de efectivos en ser nombrado ciudadano de Nicaragua por el Ejecutivo de Daniel Ortega.
Una decisión que está envuelta en polémica puesto que, ya que con esta concesión, el salvadoreño no podrá ser extraditado para responder ante los jueces de su país y evita así cualquier condena de cárcel o multa por los casos que lo relacionan con lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
“El expresidente Salvador Sánchez Cerén es oficialmente un prófugo de la Justicia. Por cierto, salió de nuestro país vía frontera terrestre en diciembre 2020 y jamás regresó”, escribió en Twitter el actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Dos días después de que las autoridades salvadoreñas emitieran la orden de captura, María Amelia Coronel, ministra del Interior, firmó la naturalización de la familia del político izquierdista.
«El ciudadano Salvador Sánchez Cerén gozará de los derechos y prerrogativas que las leyes le otorgan y estará sujeto a las obligaciones que corresponden a los nacionales nicaragüenses, de conformidad con lo establecido en la Constitución», reza el comunicado del Ministerio del Interior.
Salvador Sánchez Cerén, quien fuera presidente de dicho país, entre 2014 y 2019, es investigado por las autoridades judiciales de El Salvador debido a acciones tomadas durante su cargo como vicepresidente en el Gobierno de Mauricio Fuentes, quién se convirtió en el primer mandatario salvadoreño en recibir la nacionalidad del país vecino y evitó así a la Justicia salvadoreña.
