Por Silvanna Mortera
*Aseguró que el plazo de liberación no será mayor al 15 de septiembre.
A través de la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno federal presentará un decreto para liberar a las personas que están en cárceles federales y que tengan más de 75 años de edad además de aquellos que lleven más de 10 años privados de su libertad sin sentencia, y a las personas que hayan sido torturadas.
En la conferencia, Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), anunció que ella estará a cargo de elaborar este decreto sobre personas privadas de su libertad; mismo que estará conformado por cuatro puntos primordiales:
• -Internos en las cárceles federales que lleven más de 10 años sin sentencia y que cometieron un delito no grave, serán liberados. En este caso no importa ni la edad ni el delito. De estos, son 12,358.
• -Adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles federales, que no hayan cometidos delitos graves, llevarán su proceso en domicilio.
• -Adultos mayores de 65 años con enfermedad crónico degenerativas, que no hayan cometidos delitos graves, llevarán su proceso en domicilio.
• -Las personas que aleguen tortura y se compruebe con el Protocolo de Estambul, serán liberados.
La ministra informó que el plazo de liberación no será mayor al 15 de septiembre, además de reiterar que por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, no se puede permitir ningún acto de tortura y menos para la obtención de una confesión dentro del penal.
“En este sentido vamos a caminar para presentarle al señor presidente el decreto de política carcelaria y de solicitudes que el gobierno hará a los jueces de ejecución para el beneficio de la prisión domiciliaria”, expuso.
Por otro lado, según informes de la SEGOB, en total, hay 220 mil 114 personas en cárceles federales, de ellas 94 mil 547 (43%) es población no sentenciada y 125 mil 567 es población sentenciada (57%).
De los no sentenciados, 13% están por delitos de fuero federal y 87% por delitos de fuero común. Además, 8% se encuentran en centros federales y 92%, en centros estatales.
“No es posible que se tenga una dilación en la administración de justicia de tal manera que tengamos una población privada de su libertad sin ninguna sentencia definitiva. En muchas ocasiones son los abogados que interponen los diversos recursos que están en su derecho, y que también esto dilata la resolución”, dijo la secretaria de Gobernación.
Mientras que el subsecretario Alejandro Encinas, mencionó que el gobierno federal quiere terminar con la tortura en el país.
“Si queremos erradicar la tortura -como una práctica regular que durante muchos años existió en nuestro país-, no podemos andar con medias tintas ni con duda. Cualquier persona, sea quien sea, haya sido objeto de tortura debe ser puesta en libertad de inmediato, y los torturadores deben ser castigados. Esta es una nueva política que está impulsando este gobierno”, dijo Encinas.
