El expresidente de El Salvador Salvador Sánchez Cerén está bajo búsqueda y captura internacional acusado de delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Este 28 de julio, el Juzgado de Paz número 2 de San Salvador, emitió una orden de búsqueda y captura internacional en contra de quien fuera presidente de El Salvador entre 2014 y 2019, Salvador Sánchez Cerén. La orden de arresto dirigida a la Interpol incluye a otros cuatro exfuncionarios, de los nueve implicados en el caso de desfalco público entre 2009 y 2014.
Maricela Velásquez, jefa de la Unidad Contra el Lavado de Activos, aseguró que fue el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador quien decretó la orden, según recoge la agencia EFE.
Este mismo tribunal inició la fase de instrucción de los presuntos delitos, que datan del periodo 2009-2014, años en que Sánchez ocupaba la Vicepresidencia del Gobierno de Mauricio Funes.
La emisión de la orden internacional llega días después de que la Fiscalía General de El Salvador pidiera la captura del expresidente izquierdista y detuviera a algunos de sus presuntos colaboradores.
Ante esto, elfiscal general, Rodolfo Delgado, dijo a los periodistas: «Todas estas personas contribuyeron al desfalco que le costó más de 350 millones de dólares al Estado salvadoreño», afirmó en declaraciones citadas por la agencia de prensa AFP.
El fiscal aseguró que «el dinero era entregado en casa presidencial (…) en forma mensual y constituía una adición al salario que por ley debían devengar por ejercer la función pública» y añadió que las personas implicadas en el caso serán «acusadas por el delito de lavado de dinero».
De acuerdo con el fiscal, la investigación actual, emprendida en 2019, es «una derivación» del caso Saqueo Público de 2009-2014, «cuando la Asamblea Legislativa validó una partida de 80,8 millones de dólares en concepto de gastos reservados de la presidencia, para un periodo de cinco años«, según señala AFP.
La estimación final de dinero defraudado se elevaría a 351 millones de dólares. Un aumento debido a las transacciones de fondos autorizadas por el ministro de Hacienda sin pasar por control parlamentario.
Cabe señalar que el antecesor de Sánchez Cerén, Mauricio Funes, también afronta procesos judiciales en El Salvador por enriquecimiento ilícito. Por lo que en 2016 se exilió en Nicaragua, donde obtuvo la condición de asilado político.
Asimismo, argumentó sufrir «una persecución política» por parte de «la derecha oligárquica» salvadoreña, según escribió en sus cuentas de redes sociales en ese momento.
En relación con las investigaciones actuales, Óscar Ortiz, secretario general del partido del expresidente Sánchez, el FMLN, también denunció «persecución política» por parte del «actual grupo gubernamental, valiéndose de instrumentos del Estado», según cita AFP. Se trata de un «mecanismo autoritario que lleva directamente a la construcción de una nueva dictadura, de la cual habíamos salido hace casi tres décadas«, agregó Ortíz.
