El ex senador del PRD, fue asesor del gobernador de Puebla durante la campaña de 2019
Más allá del pleito legal, la intervención del gobierno morenista de Puebla y su evidente toma de posición a favor de la demanda de Guillermo Jenkins de Landa, ha significado un nuevo golpe a las instituciones universitarias y a la iniciativa privada, que ha protestado por la injerencia gubernamental en un conflicto entre particulares, pero que signfican millones de dólares.
Bajo el arguemnto de regresar a Puebla el patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, Miguel Barbosa asesta un golpe contra el Consorcio Universitario, integrado por la UDLAP, la UPAEP, la Universidad Madero y los campus de la Anáhuac, la Ibero y el Tec de Monterrey, cuyos directivos nunca fueron partidarios del ahora gobernador.
Barbosa aprovecha el pleito legal entre los Jenkins y las reformas legales de su antecesor para interntar, una vez más, controlar la vida universitaria local, que atrae a miles de jóvenes cada año, convirtiendo a Puebla y las Cholulas en paraísos estudiantiles, que dejan una enorme derrama económica, hoy desplomada por la pandemia.
Ya lo intentó la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En octubre de 2020. El gobierno de Barbosa señaló que el rector Alfonso Esparza era investigado como presunto responsable de delitos que dañaron el patrimonio de la máxima casa de estudios, denuncia que nunca prosperó, en parte por el blindaje político que consiguió Esparza y por el asesinato de tres jóvenes estudiantes de Medicina y un chofer de Uber, que provocaron la protesta estudiantil más grande en la historia de Puebla.
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